Guasave, Sinaloa a 18 de mayo de 2026.- El legislador federal Mario Zamora Gastélum, integrante de las filas del PRI, manifestó que la ciudadanía sinaloense tiene todo el derecho de acceder a información completa y verificable respecto a las imputaciones y procedimientos legales que enfrentan antiguos servidores públicos estatales en el extranjero, particularmente Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega.
Zamora enfatizó que este asunto reviste una gravedad considerable, puesto que las indagatorias ejecutadas por la dependencia de justicia estadounidense hacen referencia tanto al proceso electoral que tuvo lugar en la entidad en 2021, como a supuestos nexos entre funcionarios anteriores y estructuras delictivas.
“Los sinaloenses no sólo queremos, sino merecemos conocer toda la verdad. Lo que queremos es que se haga justicia”
El representante del PRI cuestionó la postura oficial de las instituciones mexicanas, que niegan tener investigaciones en curso sobre estos casos, mientras simultáneamente se han reportado congelamientos de cuentas bancarias vinculadas con la investigación. Instó a que los funcionarios correspondientes actúen bajo principios de claridad y rendición de cuentas.
Zamora recordó que su equipo de trabajo presentó impugnaciones ante tribunales electorales posteriormente a las elecciones de 2021, denunciando irregularidades presuntas en el proceso. Expresó su preocupación de que dichos recursos no recibieron la atención profunda que merecían.
El legislador fue enfático en señalar que no pretende emitir prejuicios sobre ninguna persona, sin embargo, consideró indispensable que los acusados comparezcan ante la sociedad de manera abierta, permitiendo que el procedimiento sea completamente visible para la ciudadanía.
Zamora reiteró su posición de que los hechos requieren ser aclarados plenamente, permitiendo que la población acceda a la información verídica sobre lo sucedido. Insistió en que las autoridades competentes deben proceder con transparencia absoluta y llevar estos procedimientos hasta sus instancias finales para garantizar que se cumpla la justicia.
