Ciudad de México a 18 de mayo de 2026.- Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que instituciones bancarias del país han paralizado de manera preventiva las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con las de otros nueve individuos implicados en acusaciones por narcotráfico presentadas por autoridades estadounidenses.
La situación surge tras una investigación originada en el Distrito Sur de Nueva York, que ha colocado bajo presión política al entorno de Morena. El caso ya ha derivado en la entrega voluntaria de dos funcionarios públicos que fueron señalados por organismos estadounidenses de mantener relaciones con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum explicó que las medidas de congelamiento obedecen a la coordinación operativa que existe entre el sistema financiero mexicano y las instituciones bancarias norteamericanas.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, tomaron una serie de medidas y, de manera automática y preventiva, lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera”
La mandataria indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará mayores detalles en próximas comunicaciones sobre estas acciones preventivas.
Aclaraciones sobre el rol de la UIF
Sheinbaum precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera no está llevando a cabo una investigación penal directa contra los políticos involucrados en el caso. Esta institución funciona como un organismo técnico especializado en detectar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y tiene la capacidad de remitir alertas a la Fiscalía General de la República para que se desarrollen indagatorias formales.
La presidenta también aclaró que los bloqueos de cuentas requieren coordinación con el sector bancario y no son ejecutados de manera unilateral por las autoridades mexicanas.
Investigación que sacude la región
Las acusaciones originarias de Estados Unidos involucran presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. La magnitud del caso se evidencia en que dos exfuncionarios señalados en la investigación ya se entregaron a las autoridades norteamericanas para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
A pesar de la presión política generada sobre Morena, Sheinbaum reafirmó que las investigaciones en curso no comprometen al partido político.
Postura gubernamental
La presidenta reiteró con énfasis que su administración no brindará protección alguna a personas involucradas en actividades ilícitas. Aseguró que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una línea de investigación y que el Estado actuará conforme a lo que establece la ley.
El asunto continúa generando expectativa en México y Estados Unidos debido al impacto político y judicial potencial que podría tener sobre servidores públicos y estructuras de poder en Sinaloa.
Personas señaladas por autoridades estadounidenses
Rubén Rocha Moya aparece como el principal acusado en calidad de gobernador de Sinaloa con licencia. Se le imputa haber sostenido reuniones con líderes de Los Chapitos, permitir su operación sin impedimento y recibir financiamiento para su campaña electoral a cambio de otorgar protección.
Enrique Inzunza Cázarez, senador integrante de Morena y exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, es señalado como parte de la estructura política que proporcionó respaldo institucional a la organización delictiva.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, es identificado como operador político y financiero de la red de protección.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentra entre los acusados que ya se entregó a la justicia estadounidense.
Juan de Dios Gámez Mendívil, actual presidente municipal de Culiacán, capital del estado, también forma parte de los señalados.
Dámaso Castro Saavedra, desempeñaba funciones como vicefiscal adjunto de Sinaloa.
Adicionalmente, los acusados incluyen a exjefes de policía de investigación, un exsubdirector de la corporación policial estatal y otros asociados en las acusaciones formuladas desde Nueva York.
