Culiacán, Sinaloa a 5 de mayo de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, María Teresa Guerra Ochoa, aclaró que la cuestión sobre el fuero constitucional del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no es competencia del Congreso del Estado, sino que dependerá de la interpretación que realice el Poder Judicial de la Federación.
Guerra Ochoa explicó que esta materia se encuentra en un terreno de ambigüedad jurídica, ya que no existe jurisprudencia obligatoria al respecto. En su lugar, hay dos criterios judiciales distintos sobre si la inmunidad protege al funcionario o al cargo que desempeña.
Un análisis jurídico complejo
La legisladora morenista señaló que como experta en derecho, ofrece una lectura diferente a la presentada por otros funcionarios, incluyendo al exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, ambos han sostenido que Rocha Moya no posee fuero tras solicitar licencia.
“Como jurista le doy otra lectura a la que le han dado las y los funcionarios”
Guerra Ochoa detalló que en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación existen dos tesis aisladas, una de ellas de febrero de 2017, que establecen que el fuero corresponde a la función y no al funcionario. Sin embargo, aclaró que estas tesis no tienen carácter vinculante.
¿Qué son las tesis aisladas?
Según la coordinadora parlamentaria, las tesis aisladas son criterios judiciales que pueden ser considerados como antecedentes, pero no constituyen jurisprudencia obligatoria. Su aplicación dependerá del criterio que adopte el órgano jurisdiccional que eventualmente conozca el caso.
“Si hay dos antecedentes, pero no tienen el carácter de una tesis de jurisprudencia, sino solamente la condición de antecedentes como tesis aislada, que puede ponderarlo en un momento dado un Poder Judicial como de aplicación obligatoria”
Esto significa que la decisión final dependerá de cómo interprete el Poder Judicial estos precedentes, lo que deja abierta la puerta a diferentes resoluciones legales.
El Congreso de Sinaloa fuera del juego
Guerra Ochoa fue enfática en señalar que el Congreso del Estado de Sinaloa ya no tiene intervención directa en esta materia. Indicó que sin una solicitud formal de declaratoria de procedencia de la Fiscalía General de la República, el proceso legislativo estatal no aplica.
“Ahorita entonces podemos decir que va a estar sujeto a interpretación… ya no está en la cancha del Congreso del Estado de Sinaloa”
La diputada enfatizó que cualquier definición final dependerá del órgano jurisdiccional que eventualmente conozca del caso, ya sea a nivel estatal o federal.
La posición de la Fiscalía General
Conforme a lo explicado por Guerra Ochoa, la Fiscalía General de la República ha comunicado que no cuenta con elementos probatorios suficientes para proceder contra el gobernador con licencia. Esta determinación fue hecha tras analizar una solicitud que fue canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La SRE fungió únicamente como receptora de la solicitud, mientras que la evaluación técnica y jurídica correspondió a la institución fiscal. Ambas dependencias han informado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que no se reúnen los requisitos para una extradición o una orden de aprehensión con fines de extradición.
“Lo que ha dicho Fiscalía General de la República es no tengo elementos de prueba”
Escenario abierto a cambios
La legisladora subrayó que el proceso se encuentra en una fase de espera. Si en el futuro se presentan nuevas pruebas o evidencias, el escenario legal podría modificarse. Guerra Ochoa advirtió contra hacer conclusiones anticipadas, considerando cualquier otra afirmación como especulación infundada.
“Hubo una solicitud… frente a esa solicitud ya se dijo, no hay pruebas… entonces vamos a esperar a ver si llegan más pruebas”
La presidenta de la Jucopo concluyó que la resolución del caso dependerá de nuevos elementos de prueba y de cómo el Poder Judicial interprete la normatividad constitucional vigente.
