México, D.F. a 23 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República confirmó este sábado que ha identificado avances significativos en dos procesos de investigación que han captado considerable atención en el panorama político nacional durante las últimas semanas. Entre los personajes más destacados implicados figuran la mandataria de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y el titular de Sinaloa en situación de licencia, Rubén Rocha Moya.
A través de un comunicado oficial, la institución federal informó que realiza diligencias de carácter ministerial asociadas a imputaciones presentadas ante la Corte federal del Distrito Sur en Nueva York, así como indagaciones que surgieron de un procedimiento de aseguramiento ejecutado en Chihuahua durante el mes de abril del presente año.
Entre las acciones más relevantes se encuentran las convocatorias dirigidas a diez ciudadanos originarios del estado norteño, entre ellos un gobernador que actualmente se encuentra en situación de licencia, además de la solicitud para que la gobernadora chihuahuense y el exfiscal estatal comparezcan en calidad de testigos.
Investigación por acusaciones en Estados Unidos
La dependencia federal indicó que las diligencias en Sinaloa guardan relación con la pesquisa iniciada después de que se presentaran formalmente acusaciones en territorio estadounidense ante el tribunal neoyorquino de jurisdicción federal.
Según el posicionamiento oficial emitido, un total de diez ciudadanos mexicanos deberán comparecer para rendir sus declaraciones ante las autoridades ministeriales correspondientes.
Gobernador con licencia entre los citados
La institución confirmó que uno de los requeridos es un gobernador sinaloense actualmente en licencia. No obstante, la dependencia mantuvo reserva respecto a información fundamental:
La identidad completa de todos los implicados, los ilícitos concretos que se investigan, así como los elementos específicos de las acusaciones y los posibles vínculos legales que pudieran derivarse de estas diligencias permanecen bajo confidencialidad.
La fiscalía precisó que las comparecencias constituyen etapas iniciales de las indagatorias surgidas de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Impacto político en el contexto nacional
El asunto ha generado una considerable repercusión en el debate político mexicano, particularmente considerando que las acusaciones fueron radicadas en un tribunal federal estadounidense que se especializa en casos vinculados con delincuencia organizada y tráfico de sustancias ilícitas.
En los últimos días, la situación ha derivado en intenso cuestionamiento político, atención mediática permanente, respuestas oficiales de diversos niveles de gobierno y amplias especulaciones en plataformas digitales.
Hasta el presente, las autoridades federales mexicanas no han emitido confirmación formal sobre imputaciones penales directas contra los funcionarios sinaloenses mencionados.
Maru Campos comparecerá como testigo
En un segundo eje de investigación, la Fiscalía General de la República anunció que solicitará la comparecencia de la gobernadora constitucional chihuahuense como testigo en los procedimientos de diligenciamiento.
De igual manera, fue convocado el exfiscal General de Justicia del estado de Chihuahua para que rinda su declaración ministerial.
Ambas comparecencias guardan relación con los procedimientos de aseguramiento que se ejecutaron durante los días 17 y 18 de abril en la región serrana conocida como Sierra del Pinal.
Controversia por operativo en territorio chihuahuense
El procedimiento realizado en abril en Chihuahua generó amplia polémica nacional debido a versiones encontradas respecto a cómo se desarrollaron los hechos y la manera en que actuaron los distintos cuerpos de seguridad participantes.
La investigación federal se centra particularmente en examinar la jerarquía de decisiones, las acciones tácticas implementadas, los mecanismos de coordinación entre instituciones y la participación de autoridades locales en los hechos.
Hasta ahora, la institución federal no ha proporcionado detalles públicos respecto a posibles faltas o irregularidades que haya identificado en el desarrollo de tales operativos.
Garantías de legalidad en las investigaciones
En sus comunicados oficiales, la Fiscalía enfatizó que ambas investigaciones se adelantan conforme a los marcos legales establecidos, respetando plenamente el debido proceso y ejerciendo sus atribuciones constitucionales bajo estrictos criterios de legalidad.
La institución también reiteró su compromiso de mantener informada a la población respecto a los avances de ambas indagatorias de forma transparente y dentro de los límites que marcan las normas procesales.
Tensión política y presión internacional
Estas investigaciones ocurren en un contexto de elevada tensión política en México, particularmente marcado por debates sobre seguridad, tráfico de drogas y presuntos lazos entre servidores públicos y estructuras criminales organizadas.
El gobierno estadounidense ha intensificado en las últimas semanas su presión diplomática sobre México respecto a cuestiones relacionadas con fentanilo, narcotráfico, crimen organizado y mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Las acusaciones formuladas en tribunales estadounidenses han generado significativas consecuencias en el ámbito de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Posición presidencial sobre cooperación internacional
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que México demandará a Estados Unidos la presentación de pruebas formales y verificables antes de proceder a cualquier acción en contra de funcionarios mexicanos acusados por autoridades estadounidenses.
La mandataria nacional ha defendido enfáticamente la necesidad de respetar la soberanía nacional, los derechos procesales fundamentales, los mecanismos institucionales de cooperación y el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de legalidad.
Las diligencias anunciadas por la Fiscalía General de la República se inscriben dentro de este contexto diplomático complejo entre ambas naciones.
Posibles desarrollos futuros
Especialistas en derecho penal consideran que las declaraciones ministeriales constituyen una fase inicial de procedimientos que podrían ampliarse sustancialmente dependiendo de los resultados de las indagatorias.
Según analistas, las investigaciones podrían expandirse incorporando a más servidores públicos, abriendo nuevas líneas de indagación, derivando finalmente en imputaciones formales e incluyendo mecanismos de cooperación con autoridades internacionales.
Hasta el momento, no se ha reportado información sobre órdenes de captura o requisitorias judiciales adicionales en contra de los investigados.
Relaciones bilateral en materia de seguridad
El caso se desarrolla en un momento en el cual la relación bilateral entre México y Washington atraviesa por un período particularmente delicado en lo relacionado con cuestiones de seguridad pública.
Las autoridades estadounidenses han endurecido recientemente su postura respecto a combate del narcotráfico, producción y tráfico de fentanilo, procedimientos de extradición de nacionales mexicanos y coordinación en la frontera compartida.
Por su parte, el gobierno mexicano ha insistido en mantener una relación de coordinación bilateral que no comprometa la independencia nacional ni vulnere los principios de soberanía que caracterizan al Estado mexicano.
Debate público intensificado
Los casos de Sinaloa y Chihuahua se han posicionado como temas centrales de discusión en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional durante los últimos días.
Analistas consideran que la amplitud de la exposición pública podría incrementar significativamente la presión política sobre los involucrados, profundizar la polarización en torno al tema, aumentar las exigencias de transparencia en los procedimientos y captar mayor atención de actores internacionales.
La Fiscalía General de la República no ha proporcionado precisiones respecto a fechas específicas para las comparecencias ni ha ofrecido pronósticos sobre posibles resoluciones futuras.
Sin embargo, la institución reiteró que ambas investigaciones permanecen abiertas y que el desarrollo de las diligencias continuará conforme avancen las indagatorias de carácter federal.
Funcionarios bajo investigación por acusaciones de Nueva York
De acuerdo con las imputaciones formales presentadas por la Fiscalía federal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York en abril de 2026, los siguientes servidores públicos y exfuncionarios sinaloenses han sido señalados por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, constituye el principal acusado. Se le imputa haber recibido apoyo de grupos delictivos para su campaña electoral de 2021, incluyendo participación en secuestro de adversarios políticos, reuniones con líderes de la delincuencia organizada y otorgamiento de protección gubernamental a cambio de sobornos y respaldo político.
Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, es uno de los nueve funcionarios citados adicionalmente.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de la capital estatal Culiacán, también figura en la acusación formal.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal, identificado por autoridades estadounidenses como operador financiero clave de presuntas operaciones ilícitas.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses en respuesta a las acusaciones formuladas por la corte neoyorquina.
Cinco funcionarios adicionales también fueron formalmente acusados: Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto de la Fiscalía General de Justicia Estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de esa misma institución policial; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Milán, excomandante de rango superior de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por presuntos delitos de secuestro y homicidio.
Los diez ciudadanos mexicanos fueron formalmente acusados de conspiración para importación de narcóticos incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, posesión ilegal de armas de fuego y delitos asociados con estructuras de crimen organizado.
