Culiacán, Sinaloa a 11 de junio de 2026.- Los integrantes de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa expresaron su respaldo incondicional hacia la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela y su núcleo familiar, tras los actos de los cuales fue objeto durante la noche del miércoles anterior.
El Poder Legislativo transmitió su postura a través de un comunicado presentado ante el Pleno en la sesión de jueves, leído por la diputada Tere Guerra Ochoa, quien encabeza la Junta de Coordinación Política. En ese documento, los legisladores manifestaron su más enérgico rechazo hacia cualquier tipo de amenaza, coacción o acción que busque comprometer la seguridad y dignidad de un servidor público electo.
Los diputados subrayaron que estas conductas vulneran los principios fundamentales de la democracia y obstaculizan el ejercicio adecuado de las funciones públicas en la entidad.
“Reprobamos cualquier acto de intimidación, amenaza o intento de vulnerar la tranquilidad e integridad de cualquier persona y más de una compañera representante popular. La pluralidad democrática exige respeto, diálogo y civilidad. Ninguna expresión de violencia o coacción tiene cabida en la vida pública de Sinaloa ni en el desempeño de las responsabilidades legislativas”
En el documento se enfatizó que la convivencia entre las diferentes corrientes políticas debe basarse en el respeto mutuo, la conversación constructiva y el trato civilizado, rechazando categóricamente cualquier manifestación violenta o coercitiva dentro de la esfera pública estatal.
Asimismo, los legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso exhortaron a los organismos de seguridad a realizar las investigaciones pertinentes, esclarecer los sucesos y otorgar la protección requerida para garantizar el bienestar de la diputada Gárate Valenzuela y su familia.
El Congreso reafirmó su dedicación a fortalecer la cohesión institucional, garantizar el trato equitativo entre las distintas tendencias políticas y velar por la seguridad de todos sus miembros, ratificando que el quehacer legislativo debe desarrollarse en un contexto de libertad absoluta, sin interferencias ni coacciones externas.
