Los Mochis, Sinaloa.- Una alarma ambiental se encendió en la región costera tras detectarse trabajos de desmonte de manglar en las proximidades de Paredones, dentro de la Bahía de Ohuira. La actividad aparentemente estaría asociada con un proyecto de construcción de viviendas y comercialización de lotes de terreno, generando preocupación entre residentes y funcionarios locales.
Fueron pescadores de la comunidad de Paredones quienes identificaron la presencia de maquinaria pesada operando en la zona, ubicada a aproximadamente un kilómetro de distancia. Ulises Pinzón, síndico del municipio de Topolobampo, confirmó que fue alertado sobre la situación y se trasladó personalmente al sitio para acompañar las gestiones correspondientes.
Según el funcionario, los trabajos no corresponderían a un proyecto de infraestructura de riego, sino que provendrían de un particular. En el terreno incluso se observó publicidad alusiva a la venta de lotes residenciales.
“Había publicidad relacionada con un proyecto de desarrollo habitacional y venta de terrenos. Al parecer se trata de un particular, pero será la autoridad la que determine quién es el responsable y cuál es la situación legal del terreno”.
Los trabajos fueron identificados el miércoles 9 de septiembre. Tras la denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó inspecciones en el área y procedió a delimitar la zona afectada. Como medida precautoria, aseguró una retroexcavadora que estaba siendo utilizada en las tareas de excavación.
El levantamiento técnico de la Profepa documentó daño en mil 673 metros cuadrados de vegetación de manglar distribuidos en dos sectores. La autoridad ambiental enfatizó que la condición de propiedad privada de un terreno no autoriza la alteración de ecosistemas protegidos por ley federal, particularmente cuando se trata de manglares.
“El hecho de que sea un terreno particular no quiere decir que se pueda cortar el manglar, modificarlo o afectar los flujos de agua. Hay leyes que se tienen que cumplir y esta es una zona que está bajo protección federal”.
Tras los trabajos de inspección y documentación, la Profepa canalizó el caso hacia la Fiscalía General de la República, considerando que pudieran existir delitos contemplados en el Código Penal Federal.
El síndico Pinzón manifestó que la intervención de las autoridades federales representa una oportunidad para demostrar que las denuncias de daño ambiental tienen consecuencias tangibles y para vigilar efectivamente los ecosistemas de la bahía. Reconoció la existencia de desconfianza generalizada entre los pobladores respecto al actuar institucional en estas materias, pero expresó esperanza en que el seguimiento riguroso de este caso pueda recuperar la credibilidad perdida.
“Existe una falta total de confianza de la población hacia las autoridades en este tipo de temas, pero creo que es momento de volver a confiar. Los hechos y las sanciones reales a los responsables deben servir de ejemplo”.
Pinzón subrayó que el monitoreo continuo del caso será fundamental para identificar a los promotores detrás de los trabajos, conocer los detalles del proyecto planeado y evitar que se consume la depredación del manglar en detrimento del equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira.
