Ahome, Sinaloa.- Un juzgado de control determinó formalmente que siete exfuncionarios municipales, encabezados por el exalcalde Gerardo Vargas Landeros, enfrentarán proceso penal por los presuntos delitos de desempeño irregular de funciones públicas y ejercicio indebido del servicio público. Los cargos guardan relación directa con la forma en que se llevó a cabo la contratación de Extratimex, empresa especializada en la recuperación de deuda vencida del municipio.
Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía General cuestionó el procedimiento mediante el cual se otorgó el contrato a esta empresa. Según la acusación, el acuerdo buscaba recuperar recursos de 63 mil 145 contribuyentes con adeudos acumulados por 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos. La dependencia acusadora aseguró que Extratimex podría obtener una comisión del 35 por ciento sobre lo recaudado, lo que representaría potencialmente 937 millones 256 mil 750 pesos.
Los abogados defensores de Vargas Landeros y los demás imputados presentaron argumentos para contrarrestar las acusaciones. Enfatizaron que la cifra de casi 937 millones de pesos corresponde únicamente a una proyección máxima de comisión y no a dinero que realmente fue entregado al municipio. De acuerdo con la defensa,
“Extratimex recibió finalmente 1 millón 522 mil 399 pesos por los servicios prestados”
, cantidad que se encuentra por debajo del umbral de 3 millones 710 mil pesos establecido por la legislación estatal para realizar una adjudicación directa.
Los defensores argumentaron también que los recursos utilizados provenían exclusivamente del erario municipal, por lo que consideraban inaplicable la normativa estatal sobre contrataciones. Además, cuestionaron que la Fiscalía hubiera demostrado un perjuicio económico real al Ayuntamiento por las acciones realizadas.
Un aspecto relevante en la defensa fue la exposición de las limitaciones operativas del municipio. Los abogados señalaron que la administración local contaba con apenas cinco empleados dedicados a labores de cobranza en el terreno, lo que hacía prácticamente imposible atender por cuenta propia el rezago de decenas de miles de claves catastrales.
La defensa también indicó que antes de seleccionar a Extratimex se evaluaron tres propuestas distintas, y que la empresa elegida fue considerada la más conveniente debido a que poseía un sistema informático robusto para proteger los datos de los contribuyentes. Asimismo, solicitaron que se declarara prescrita la acción penal por considerar que ya había transcurrido el plazo legal permitido.
Por su parte, el Ministerio Público replicó que debía considerarse la vigencia de tres años del contrato, lo cual haría que la proyección económica total superara el límite autorizado para una adjudicación directa sin licitación.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el juzgador resolvió que existen elementos de prueba suficientes para que la causa continúe adelante. El tribunal fijó un plazo de seis meses para que se desarrolle la investigación complementaria del caso.
Como medidas cautelares, los siete imputados deberán presentarse de forma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, y les ha sido prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización de la autoridad judicial. De manera adicional, se mantiene vigente la suspensión temporal del cargo para la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores y la regidora Judith Elena Luna Castro.
