Culiacán, Sinaloa, a 28 de julio de 2026.- Con la aprobación de reformas a la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa, se abren nuevas posibilidades para que sectores históricamente marginados accedan a una vivienda digna. Poblaciones indígenas, adultos mayores, madres jefas de hogar y personas con alguna discapacidad serán considerados en los programas y acciones públicas de vivienda, según confirmaron legisladores de la bancada de Morena durante el debate en el pleno.
Durante su intervención en tribuna, Martha Yolanda Dagnino Camacho, presidenta de la Comisión de Vivienda, resaltó que la reforma integra elementos fundamentales como igualdad, inclusión, eliminación de discriminación y perspectiva de género en la materia habitacional. La diputada enfatizó que el ordenamiento legal proporciona los mecanismos necesarios para financiar proyectos y ejecutar programas específicos dirigidos a la población vulnerable.
"La reforma dará una dirección más clara a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa"
Dagnino Camacho señaló que el verdadero impacto de esta reforma se medirá en el terreno, observando dónde llegan efectivamente las acciones de vivienda y si logran reducir las brechas de desigualdad social. Reconoció que ninguna reforma por sí sola construye casas, pero insistió en la importancia de contar con un marco legal que defina programas y acciones, evitando que los grupos más vulnerables queden nuevamente excluidos.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Gutiérrez respaldó lo expresado por su compañera de bancada, destacando los avances que tanto Sinaloa como el país registran en materia de vivienda. El legislador consideró positiva la aprobación de esta reforma, así como la implementación del Programa de Viviendas para el Bienestar impulsado por la administración federal, mecanismos que en conjunto garantizan que más familias accedan a habitaciones dignas.
Gutiérrez puso como ejemplo el caso de Mazatlán, donde el precio promedio de una vivienda alcanza tres millones 500 mil pesos. Con estas reformas y programas federales, explicó, se abre la posibilidad para que miles de familias logren adquirir una propiedad que represente un patrimonio duradero.
