Culiacán, Sinaloa a 28 de julio de 2026.- La legislatura sinaloense sancionó con voto unánime un conjunto de modificaciones a la normativa estatal en materia de vivienda, introduciendo criterios de igualdad de género y protección especial para sectores históricamente marginados, tales como mujeres que encabezan núcleos familiares, individuos con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, así como poblaciones afromexicanas.
Las reformas incidieron en múltiples artículos de la legislación: se modificaron los artículos 3, 5, 12, 25 y 30, mientras que se incorporaron nuevas disposiciones en los artículos 2, 5, 25 y se creó el artículo 54 Bis.
Entre las adiciones principales, se establece en el artículo 2 que
“la vivienda constituye un rubro prioritario para el avance económico, social y cultural, y que el poder ejecutivo impulsará y coordinará las acciones correspondientes, en colaboración con los sectores público, social y privado”
La legislación incorpora una definición clara de “Grupos en situación de vulnerabilidad”, refiriéndose a personas con discapacidad, jefas de familia de escasos recursos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas de la tercera edad.
Respecto a la política de vivienda estatal, se adicionaron tres nuevos lineamientos que contemplan la coordinación municipal en zonas urbanas y rurales, la participación de comunidades en áreas de alta marginación conforme a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el monitoreo adecuado de los índices de marginación para orientar programas estatales y municipales.
La reforma más significativa es la creación del artículo 54 Bis, que
“responsabiliza al Estado de apoyar preferentemente a poblaciones vulnerables mediante un enfoque de equidad con perspectiva de género, implementando mecanismos que garanticen vivienda adecuada, digna y decorosa a mujeres vulnerables, personas con discapacidad, especialmente a jefas de familia”
En materia de financiamiento, la Comisión de Vivienda fue facultada para desarrollar esquemas e instrumentos que prioricen a personas de bajos ingresos, personas con discapacidad, jefas de familia, pueblos indígenas y afromexicanos, y adultos mayores, garantizando igualdad de oportunidades dentro de un marco de protección de derechos humanos.
Las modificaciones al artículo 25 incluyeron ampliar los grupos beneficiarios de las políticas de acceso a vivienda, agregando explícitamente a madres solteras, jóvenes y personas de la tercera edad con capacidades diferentes.
Esta reforma legislativa representa un avance significativo en la protección del derecho a la vivienda desde una perspectiva inclusiva y equitativa, reconociendo las necesidades específicas de sectores históricamente postergados en la entidad.
