Culiacán, Sinaloa a 01 de mayo de 2026.- El gobernador Rubén Rocha Moya presentó formalmente ante el Congreso del Estado una solicitud de licencia temporal para separarse de sus funciones ejecutivas. Esta decisión surge en respuesta a las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses que lo señalan de mantener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Durante una comparecencia ante los medios, el mandatario justificó su determinación argumentando que actúa movido por sus convicciones republicanas. Señaló que la medida busca facilitar el trabajo investigativo que realiza la Fiscalía General de la República en torno a los cargos en su contra.
“Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago para facilitar el trabajo de las autoridades mexicanas”
Rocha Moya enfatizó que enfrenta las acusaciones con lo que describió como una conciencia tranquila. Manifestó que su trayectoria de trabajo en la vida pública respalda su palabra y negó categóricamente los señalamientos en su contra.
“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado, y nunca, nunca los traicionaré”
El funcionario agregó que demostrará su inocencia cuando las instituciones de justicia del país así lo requieran, reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas en todo lo necesario.
Acusaciones formales de Estados Unidos
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó acusaciones formales contra el gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses más. Los cargos los vinculan directamente con la estructura criminal de Los Chapitos.
Según los documentos judiciales, los imputados habrían utilizado sus posiciones de autoridad para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense a cambio de pagos y protección institucional.
Las acusaciones también señalan que la supuesta colaboración incluyó apoyo político durante las elecciones para gobernador en 2021. Se alega que el grupo delictivo intimidó a candidatos rivales para garantizar el triunfo de Rocha Moya, quien a cambio permitió que la organización operara con libertad en el estado.
Entre los coacusados se encuentran mandos policiales de alto nivel y Juan de Dios Gámez Mendívil, actual presidente municipal de Culiacán. De ser condenados, los implicados podrían enfrentar sentencias que van desde 40 años de cárcel hasta cadena perpetua.
La acusación de las autoridades norteamericanas ha generado una crisis política sin precedentes en Sinaloa y ha tensionado las relaciones diplomáticas entre ambos países respecto a la coordinación en materia de justicia y seguridad.
