Culiacán, Sinaloa a 14 de abril de 2026.- El fenómeno del robo vehicular en Sinaloa ha alcanzado dimensiones preocupantes, acumulando la recuperación de apenas 2 mil 84 unidades de las más de 10 mil sustraídas desde septiembre de 2024, cuando iniciaron los enfrentamientos entre células criminales del cartel local. Ante esta situación crítica, el sector empresarial ha tomado cartas en el asunto para proteger a las familias afectadas.
Lo más paradójico de esta problemática es que cuando los propietarios logran recuperar sus vehículos, deben erogaciones significativas por concepto de servicios de grúa, almacenaje en corralón y multas administrativas, generando una doble victimización para quienes ya sufrieron el delito original.
Kenia Moreno Díaz, representante de Coparmex, explicó en detalle los alcances de la propuesta que actualmente se tramita en las cámaras legislativas locales.
“Te roban tu auto, lo recuperan y luego tienes que pagar todas las multas, la grúa y el corralón, y todo eso afecta. Lo que se busca es que las familias afectadas, las víctimas de robo de autos, no tengan que pagar aparte. Los autos recuperados no deben generar gastos adicionales”
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la iniciativa ya se encuentra en etapas avanzadas del proceso legislativo. Moreno Díaz indicó que el proyecto transita por su segunda vuelta en el Congreso, pendiente únicamente de su aprobación definitiva y del dictamen correspondiente.
La propuesta cuenta con respaldo coordinado de organismos empresariales de múltiples municipios de Sinaloa, quienes buscan que esta medida tenga alcance estatal y beneficie a todas las familias sinaloenses perjudicadas por los robos vehiculares.
“Que sea para todo el Estado, que hagamos fuerza, porque es en beneficio de todos esta iniciativa”
, enfatizó la representante empresarial.
Aunque reconoció una ligera disminución en los índices de robo durante los últimos meses, Moreno Díaz advirtió que el problema persiste con intensidad en la entidad, continuando con su impacto negativo en la economía familiar de miles de sinaloenses.
La iniciativa busca corregir una injusticia evidente: que el Estado asuma los costos operativos generados en la recuperación y custodia de vehículos robados, evitando que las víctimas enfrenten una carga económica adicional. Esta medida representaría un esquema más equitativo donde la responsabilidad no recaiga sobre quienes ya fueron afectados por la delincuencia.
Recientemente, la Intercamaral de Los Mochis realizó una videoconferencia con Daniel Elizondo, director de Coparmex Culiacán, y Mariela Silas, gerente de la Intercamaral Culiacán, para coordinar esfuerzos desde el sector empresarial y garantizar que esta iniciativa legislativa sea aprobada sin trabas y se concrete como política pública estatal que brinde alivio a miles de familias sinaloenses afectadas por esta problemática.
