Sinaloa.- El Congreso del Estado avanza en la aprobación de un conjunto de reformas legislativas orientadas a frenar la difusión de narcocorridos y otros materiales que exalten actividades delictivas en espacios de uso público. Las iniciativas serán votadas el próximo 11 de junio y contemplan restricciones en planteles escolares, sistemas de transporte colectivo, inmuebles gubernamentales y eventos culturales promovidos por administraciones municipales.
La 65 legislatura local ha elaborado un dictamen que busca eliminar la reproducción y propagación de música, mensajes y contenidos multimedia que hagan apología del delito o fomenten la violencia en áreas administradas por el Estado. La propuesta responde a la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, particularmente a niños, niñas y adolescentes, y de recuperar el tejido social en la entidad.
Las modificaciones impactarán cuatro ordenamientos jurídicos fundamentales: la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal, la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Uno de los cambios más significativos será la adición de disposiciones al artículo 120 de la Ley de Educación, que prohibirá explícitamente la reproducción de contenidos que enaltezcan actos ilícitos en instituciones educativas de educación básica y media superior.
Los legisladores de diferentes fuerzas políticas coinciden en que los espacios financiados y gestionados por autoridades públicas deben convertirse en ambientes seguros dedicados a la formación de valores ciudadanos, particularmente el respeto, la legalidad y la convivencia armónica. Esta iniciativa responde al principio constitucional del interés superior de la infancia, que obliga al Estado a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de los menores.
En el sector de transporte público, la propuesta establece que concesionarios y permisionarios deberán impedir que se reproduzca música o material que justifique actividades delictivas durante la prestación del servicio. Las sanciones administrativas serán determinadas en la reglamentación posterior e incluirán posibles consecuencias sobre permisos, concesiones y licencias de los operadores.
De igual manera, los gobiernos municipales tendrán la obligación de incorporar en sus reglamentos mecanismos para evitar la reproducción de estos contenidos en edificios municipales, vehículos oficiales y actividades culturales coordinadas o financiadas por autoridades públicas.
La necesidad de estas reformas se fundamenta en datos alarmantes de violencia registrados en Sinaloa durante la última década. La Fiscalía General del Estado ha documentado aproximadamente 9,889 homicidios dolosos, mientras que colectivos de búsqueda reportan más de 5,000 personas desaparecidas. Estos números han generado preocupación genuina entre autoridades y representantes populares respecto a la urgencia de fortalecer acciones preventivas.
Conforme a la Encuesta de Jóvenes en México 2019, el 58.5 por ciento de la población joven ha estado expuesta a situaciones de violencia. Para los legisladores, estas cifras demuestran la importancia crítica de implementar políticas públicas que reduzcan la normalización de conductas relacionadas con el crimen organizado.
Para validar la constitucionalidad de estas medidas, el Congreso estatal cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente la Acción de Inconstitucionalidad 194/2020, mediante la cual se respaldaron disposiciones similares aplicadas en Baja California. Los legisladores sostienen que estas restricciones no representan censura ni violentan la libertad de expresión cuando se aplican en servicios públicos o espacios estatales, ya que su objetivo es garantizar entornos seguros para la convivencia social.
Las iniciativas han sido impulsadas por los diputados Roxana Rubio Valdez y Jorge Antonio González Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, junto con la diputada María Teresa Guerra Ochoa y el diputado Eligio López Portillo, integrantes de Morena. El dictamen que fue enviado a segunda lectura establece que las reformas no generarán impacto presupuestal para las dependencias estatales, al tratarse de medidas de naturaleza normativa y administrativa.
Una vez aprobado, el decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. El Poder Ejecutivo estatal dispondrá de un período de 90 días naturales para realizar los ajustes reglamentarios necesarios.
Con la aprobación de estas reformas, Sinaloa se sumaría a entidades como Chihuahua, Baja California y Quintana Roo, que ya poseen marcos normativos para sancionar actividades y espectáculos que promuevan la cultura de la violencia. El objetivo principal es revitalizar el tejido social, salvaguardar a la infancia y consolidar una cultura de paz que rechace categóricamente la apología del delito y la naturalización del crimen organizado en espacios públicos.
