Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó sin objeciones durante su sesión de esta semana una reforma legislativa que restringe la reproducción de contenidos musicales, audiovisuales y de otra índole que exalten el delito, inciten a la violencia o enaltezcan prácticas criminales en sitios públicos bajo administración estatal, incluyendo planteles educativos, sistemas de transporte colectivo, instalaciones de gobierno y espacios destinados a actividades culturales.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones estatales orientadas a reforzar los valores de convivencia pacífica, salvaguardar el bienestar de la población infantil y adolescente, y crear ambientes más seguros en las zonas públicas de la entidad.
El dictamen fue presentado y respaldado por la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, integrando propuestas de legisladores tanto de la bancada morenista como del partido panista, quienes encontraron coincidencia en la necesidad de limitar la circulación de materiales que normalicen comportamientos delictivos o incentiven conductas violentas.
La reforma modifica varios ordenamientos legales estatales vinculados con educación, transporte, protección de menores y administración municipal, estableciendo que las autoridades en ambos niveles deberán implementar estrategias para evitar, atender y castigar la exposición de menores de edad a contenidos que comprometan su desarrollo armónico o que magnifiquen acciones criminales.
Entre las disposiciones destacadas figura la prohibición de difundir materiales que hagan apología del crimen, incluyendo los denominados narcocorridos, dentro de establecimientos de educación básica y media superior. Asimismo, se promoverán acciones coordinadas entre dependencias educativas, administraciones públicas y organizaciones sociales para consolidar una cultura fundamentada en la paz y el respeto a la ley.
De igual manera, los municipios deberán actualizar sus normativas internas para impedir la transmisión de música, productos audiovisuales o materiales que promocionen conductas ilícitas o eleven a quienes las protagonizan en dependencias, oficinas y vehículos de carácter oficial.
Otro elemento importante contempla la supervisión de contenidos en festivales y actividades de corte cultural patrocinadas por el sector público, asegurando que estas iniciativas responda a principios de respeto, coexistencia armónica y cumplimiento de la ley.
Un aspecto particularmente significativo de esta reforma concierne a los sistemas de transporte colectivo en la región. La nueva legislación obliga a los operadores concesionarios a evitar la reproducción de piezas musicales o contenido visual que propaguen la cultura de la agresión, hagan apología de conductas delictivas o idealicen personajes involucrados en operaciones criminales.
María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, precisó que la reforma se circunscribe exclusivamente a espacios públicos y no interfiere en la esfera privada de las personas.
“Es una regulación, no vamos solamente por esa regulación. Esto y lo hemos dicho claramente, no se trata de prohibir en privados, no somos partidarios de censuras y lo que sí creemos es que las instituciones tienen la obligatoriedad de regular contenidos”
La legisladora subrayó que estas medidas buscan que instituciones educativas, manifestaciones culturales, ceremonias oficiales y autobuses de transporte sostengan contenidos afines con valores de convivencia pacífica y consideración social.
“En espacios públicos, particularmente en la escuela, sí debe regularse. Y el tema de contenidos también creemos este actividades culturales y bueno, ya vieron que fue aprobada por unanimidad el dictamen”
Durante los debates legislativos, la diputada Sthefany Rea Reátiga, integrante de la bancada morenista, argumentó que la discusión no se enfoca en un estilo musical determinado, sino en la responsabilidad institucional de crear circunstancias propicias para la seguridad y la armonía colectiva.
La parlamentaria expresó que la conflictividad social se incrementa cuando conductas antijurídicas adquieren legitimidad en el tejido social, y enfatizó que el beneficio primordial de la niñez y la adolescencia debe predominar en las decisiones de carácter estatal.
Según sus declaraciones, estas modificaciones constituyen una estrategia de prevención destinada a potenciar la instrucción pública, las dinámicas de convivencia y la capacitación para la vida en comunidad. Consideró asimismo que la seguridad ciudadana no depende solamente de la represión de conductas punibles, sino también de la propagación de normas morales y una mentalidad fundada en la obediencia de las leyes.
Rea Reátiga resaltó que los cambios legales no representan restricción del derecho a la expresión ni limitan lo que las personas pueden consumir en su intimidad o contextos cerrados, puesto que únicamente reglamentan espacios bajo responsabilidad del aparato estatal.
Guerra Ochoa anunció que una vez en vigor la reforma, el Congreso buscará articular esfuerzos con la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa para definir procedimientos de ejecución y vigilancia en el sector transporte.
La legisladora reconoció que es frecuente detectar en unidades de transporte urbano la reproducción de temas con contenido sexual o narcocorridos, situación que deberá sujetarse a partir de ahora a lo establecido en la nueva normativa.
“En espacios públicos, o sea, y en transporte. En el transporte es donde sentimos que debe haber más vigilancia. Hemos hablado con el subsecretario Rodolfo Jiménez, donde está la dirección de vialidad y transportes para una vez echar la reforma sentarnos con ellos para esto bajarlo”
La diputada añadió que las normas también alcanzarán iniciativas organizadas por dependencias públicas, encuentros festivos escolares y celebraciones artísticas promovidas por gobiernos estatal y municipal, en los cuales quedará prohibida la difusión de materiales que hagan apología del delito o fomenten acciones violentas.
La reforma introduce cambios en la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Municipal y la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, procurando consolidar políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia.
Para los congresistas, esta iniciativa tiene como propósito asegurar que los espacios públicos administrados por el Estado sean coherentes con los valores de legalidad, dignidad humana y coexistencia pacífica que establece la Carta Magna. La aprobación unánime refleja el entendimiento que lograron las distintas agrupaciones políticas presentes en el hemiciclo sinaloense.
