Sinaloa, a 15 de enero de 2024.- Una práctica agrícola que durante décadas fue considerada común en los campos sinaloenses enfrenta hoy un giro radical en su regulación. La quema de soca, consistente en incinerar los residuos vegetales que permanecen en las parcelas tras la cosecha, ha trascendido de ser una costumbre rural a constituirse como una actividad sancionada administrativa y penalmente.
Esta transformación obedece a la gravedad de los impactos que genera: contaminación ambiental, riesgos incontrolables de incendios y afectaciones significativas a la salud de la población. Los reglamentos municipales y el Código Penal Estatal ya contemplan castigos para quienes incurran en esta práctica.
Las sanciones municipales representan el primer nivel de castigo.
“Los agricultores sorprendidos realizando estas quemas pueden ser multados desde 4 mil hasta más de 18 mil pesos, dependiendo de la extensión del terreno afectado y las circunstancias específicas del incendio.”
No obstante, las consecuencias más severas provienen de la legislación estatal. La quema de soca ha sido tipificada como un delito ambiental con implicaciones penales significativas.
“Los responsables pueden enfrentar entre uno y siete años de encarcelamiento, además de multas que oscilan entre 500 y 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), cifras que actualmente superan los 339 mil pesos.”
La medida responde a la necesidad urgente de contener una problemática que se repite anualmente en comunidades rurales durante períodos de altas temperaturas. El fuego descontrolado ha puesto en riesgo viviendas, almacenes, infraestructuras agrícolas y asentamientos humanos. Simultáneamente, las emanaciones tóxicas afectan directamente la calidad del aire.
Poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con patologías respiratorias padecen de manera particular los efectos del humo. La exposición a estas partículas contaminantes desencadena irritación ocular y de vías respiratorias, además de agravamiento de condiciones pulmonares preexistentes.
En municipios con fuerte tradición agrícola como Ahome, los cuerpos de seguridad han intensificado vigilancia para identificar y detener estas prácticas ilegales. Simultáneamente, han recomendado a los productores la adopción de técnicas alternativas para gestionar los sobrantes de cosecha de forma sostenible.
Recientemente, la situación cobró nuevamente atención pública cuando residentes de zonas rurales reportaron ser afectados por espesos velos de humo originados en quemas de parcelas cercanas a sus comunidades, generando alarma por la proximidad de las llamas a viviendas.
Ante este contexto, las instancias competentes hacen un llamado enfático a los ciudadanos para que denuncien cualquier actividad de quema de soca directamente al número de emergencias 911. Esta medida busca prevenir deterioro ambiental, daños económicos y riesgos para la población.
La conclusión es inequívoca: en la entidad, la quema de soca dejó de ser una práctica tolerada. Hoy representa un acto delictivo con ramificaciones legales y económicas que pueden transformar significativamente la situación de quien la ejecute.
