Culiacán, Sinaloa a 14 de mayo de 2026.- La sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa fue suspendida alrededor de las 11:33 horas tras el ingreso simultáneo de dos grupos de manifestantes que colapsaron las instalaciones legislativas. Cientos de ciudadanos y educadores irrumpieron en el recinto con pancartas y megáfonos para exigir atención a dos problemáticas que generan malestar generalizado en la entidad.
La primera movilización fue encabezada por residentes afectados por los elevados cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Los manifestantes, provenientes de siete municipios incluyendo Culiacán, Navolato, El Dorado, Sanalona, Costa Rica, Villa Juárez y Guasave, denunciaron recibos que oscilan entre los 5 mil y 40 mil pesos mensuales. Aproximadamente 400 usuarios participaron en la protesta exigiendo intervención inmediata de las autoridades legislativas.
Los líderes de la movilización, Leticia Quintero y Teresa Barrón, explicaron que los cobros se han multiplicado injustificadamente en diversos hogares sinaloenses.
“Vengo representando a varios ciudadanos el alto costo de los recibos de energía eléctrica. La intención de estar aquí en este Congreso es porque no se han respetado los acuerdos que la Comisión hizo con el Congreso y Profeco”
Los usuarios acusaron a la Comisión Federal de Electricidad de atribuir los incrementos a fallas en instalaciones privadas o medidores defectuosos, cuando en realidad sospechan de lecturas alteradas y cobros sin registros claros del consumo real. También denunciaron amenazas de corte del suministro eléctrico incluso en hogares de personas vulnerables, así como la solicitud de cambios de cableado y medidores con costos adicionales de 165 pesos que serían cargados en futuras facturas.
Entre las demandas principales figura la ampliación del subsidio de verano de cinco a siete meses, extendiéndolo de marzo a octubre para enfrentar las temperaturas extremas y el mayor consumo de energía durante todo el período cálido del año. Jornaleros agrícolas de Villa Juárez llegaron al Congreso portando recibos de hasta 8 mil pesos, montos que calificaron como imposibles de pagar con sus ingresos.
Simultáneamente, maestros del Conalep con más de tres décadas de antigüedad irrumpieron en la sala de prensa del recinto legislativo con sus propias demandas. Los docentes exigen el cumplimiento estricto del contrato colectivo de trabajo, particularmente en lo referente a prestaciones de jubilación basadas en 17 días por año trabajado y el salario diario integrado, lo que representaría pagos únicos que superan los 600 mil e incluso 700 mil pesos para algunos profesionales.
Los maestros manifestaron que gobernador Rubén Rocha Moya había comprometido respeto al contrato colectivo, pero sus condiciones no han sido honradas. Un docente identificado como Alfredo Rodríguez denunció presiones para condicionar su retiro a cambiar demandas laborales.
“Ellos empezaron a querer obtener una ventaja condicionando mi retiro a que firmara el desistimiento de las demandas”
También reportaron que algunos maestros permanecen dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social pese a haber concluido su periodo laboral, obstaculizando sus trámites de pensión. Los educadores exigieron además una investigación contra el director general de Conalep Sinaloa, Wilfredo Véliz Figueroa, por presunto acoso laboral e irregularidades administrativas.
El clima de tensión en las instalaciones legislativas incluyó empujones y conatos de violencia, lo que obligó a los directivos del Congreso a decretar un receso en las actividades ordinarias. Las protestas reflejan la acumulación de problemas no resueltos que afectan tanto a consumidores de servicios básicos como a trabajadores del sector educativo en Sinaloa.
Ambos grupos demandaron intervención inmediata de diputados y funcionarios estatales para evitar que las inconformidades escalen hacia mayores conflictividades. Las jornadas de manifestación dejaron escenas de tensión dentro y fuera de la sede del poder legislativo local, mientras cientos de ciudadanos continuaban exigiendo soluciones concretas y verificables a sus demandas específicas.
