Los Mochis, Sinaloa a 05 de junio de 2026.- La administración estatal volvió a pronunciarse a favor del proyecto Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), argumentando que los trabajos se encuentran dentro de los cronogramas establecidos y que los análisis técnicos llevados a cabo por organismos federales no evidencian amenazas al medio ambiente ni a las poblaciones cercanas.
Ante el resurgimiento de protestas y acciones de organizaciones contrarias a la planta de procesamiento de fertilizantes que se construye en Topolobampo, Feliciano Castro Meléndrez, titular de la Secretaría de Economía, hizo hincapié en que esta iniciativa constituye una de las inversiones más trascendentales para la entidad, con un presupuesto que oscila entre 800 mil y mil millones de dólares.
Un proyecto en construcción avanzada
De acuerdo con el funcionario, GPO es una empresa de capital extranjero que moviliza una de las inversiones más significativas en la región.
“GPO es una empresa de inversión extranjera que actualmente debe estar alrededor de una inversión de 800 o mil millones de dólares. El proyecto, de acuerdo con los reportes de la propia empresa, tiene un avance de entre el 70 y el 80 por ciento en sus plantas y naves industriales”
Castro Meléndrez señaló que existen visiones contrapuestas sobre la iniciativa, pero afirmó que es viable conciliar la expansión industrial con la conservación de recursos naturales y el respeto a las comunidades locales.
“Compartimos que es necesario promover el desarrollo industrial de Sinaloa, la generación de empleos y la prosperidad compartida. Pero también la preservación de nuestros recursos naturales, de nuestros ecosistemas locales y el respeto a la libertad de manifestación y expresión”
Descartan afectaciones al ecosistema
Respecto a las advertencias de grupos opositores que expresan preocupación por posibles daños ecológicos en la bahía de Ohuira, el funcionario garantizó que los permisos entregados por las instituciones federales se respaldan en evaluaciones técnicas rigurosas.
“Por supuesto que no. El Gobierno de la República, a través de Semarnat, es el responsable de otorgar las manifestaciones de impacto ambiental a partir de revisiones técnicas. En ese sentido, no hay riesgo de que se genere una situación que vulnere nuestros recursos naturales”
Además, refutó argumentos sobre irregularidades en los trámites de autorización y remarcó que todas las gestiones se ejecutaron conforme a los marcos legales aplicables. El funcionario insistió en que el diálogo es la herramienta más eficaz para superar las divergencias en torno al proyecto, sustentado en información verificada y hechos comprobables.
“Hay controversias que tienen que ver con la diversidad de opiniones. El diálogo es el camino, es la ruta. Reitero, la información objetiva y la verdad son las que deben ponerse por delante para construir consensos y avanzar”
Con respecto a cuestionamientos sobre eventuales campañas coordinadas en plataformas digitales en contra de la planta, Castro Meléndrez se abstuvo de conjeturar acerca de los orígenes de estas publicaciones. Reafirmó que el Gobierno mantiene una posición de receptividad y consideración hacia todas las expresiones de la ciudadanía.
Finalmente, subrayó que el progreso económico de Sinaloa depende de iniciativas de inversión que dinamicen la economía y generen puestos de trabajo, pero siempre acompañadas de protocolos que aseguren la salvaguarda del entorno natural y el provecho para las comunidades donde estos proyectos se implementan.
