Culiacán, Sinaloa a 29 de mayo de 2026.- La situación política en Sinaloa registró un nuevo capítulo de confusión informativa cuando trascendió la noticia sobre la presunta entrega de Marco Antonio Almanza Avilés, antiguo jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, la información resultó ser errónea según confirmaron fuentes cercanas al exfuncionario.
Este hecho se produce en medio de una intensificada persecución judicial por parte del Departamento de Justicia estadounidense, cuya meta es desarticular las estructuras de protección institucional que, presuntamente, favorecieron operaciones de la organización delictiva liderada por los hijos del Chapo Guzmán en territorio sinaloense.
La noche del 28 de mayo circularon en redes y medios informativos reportes asegurando que Almanza Avilés había decidido atravesar la frontera para entregarse voluntariamente a las autoridades norteamericanas. La noticia ganó credibilidad rápidamente debido al contexto que vive Sinaloa, donde otros exfuncionarios de alto nivel han optado por la rendición o han sido aprehendidos en operativos internacionales.
A medida que los medios de comunicación intentaban verificar estos datos a través de registros de detención, comenzaron a emerger inconsistencias que pusieron en duda la veracidad de la información difundida.
La familia desmiente categóricamente los rumores
María Elena Armenta, cónyuge de Marco Antonio Almanza Avilés, utilizó sus canales de mensajería instantánea para desmentir de forma categórica lo que múltiples portales informativos daban por confirmado.
“Fake News, todo bien en casa y familia”
Con este mensaje breve pero contundente, Armenta buscó frenar la desinformación que ya había trascendido a los principales espacios noticiosos del país. El exfuncionario ha mantenido públicamente que carece de razones para entregarse a una autoridad extranjera, argumentando que nunca ha pertenecido a ninguna organización delictiva y que su desempeño al frente de la corporación policial siempre se mantuvo dentro del marco legal.
No obstante, esta posición contrasta con los expedientes que se tramitan en el Distrito Sur de Nueva York, donde su nombre aparece ligado a graves acusaciones de corrupción.
Un homónimo fue confundido con el exfuncionario
La confusión que llevó a varios medios a reportar como confirmada la detención tuvo su origen en un problema de identificación documental. En los registros de las autoridades estadounidenses efectivamente apareció el nombre de un Marco Antonio Almanza, pero sin los datos completos de identificación.
La omisión del segundo apellido resultó ser el factor determinante: el individuo detenido era una persona diferente, no el exfuncionario sinaloense cuyo nombre completo es Marco Antonio Almanza Avilés. Este tipo de confusión resulta particularmente delicada en investigaciones de gran envergadura, donde la urgencia por obtener la información en primera instancia frecuentemente prevalece sobre los protocolos de verificación rigurosa.
A pesar de que inicialmente circuló información que aparentaba ser de carácter oficial, la carencia de confirmación por parte de dependencias mexicanas o del Departamento de Justicia estadounidense permitió que la versión familiar ganara credibilidad hasta desestimar completamente el rumor.
Las acusaciones persisten a pesar de su libertad
Aunque Almanza Avilés no se encuentra bajo custodia actualmente, las investigaciones en su contra en el sistema judicial estadounidense son detalladas y específicas. Los organismos de justicia de Estados Unidos lo identifican como un presunto colaborador de la facción criminal liderada por los vástagos de Joaquín Guzmán Loera.
Según los cargos formulados, habría recibido pagos mensuales aproximados de trescientos mil pesos a cambio de proporcionar resguardo institucional a las operaciones delictivas de este grupo criminal. Esta red de complicidades presuntamente facilitó que la organización operara con considerable libertad en territorios estratégicos, contando con información privilegiada sobre operativos de seguridad.
Para las autoridades estadounidenses, Almanza personifica el modelo de servidor público que posibilita la infiltración del narcotráfico en los aparatos estatales, un fenómeno que Washington ha exhortado a la administración de Claudia Sheinbaum a investigar con mayor exhaustividad.
Otros exfuncionarios ya enfrentan la justicia
El rumor sobre la posible entrega de Almanza cobró particular verosimilitud debido a los antecedentes recientes de otros colaboradores de Rubén Rocha Moya que ya están siendo juzgados por tribunales estadounidenses.
El caso más prominente es el del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de la entidad. Mérida fue capturado en Arizona el once de mayo y aguarda su primera audiencia ante tribunales de Nueva York programada para el uno de junio de 2026. Enfrenta acusaciones de recibir pagos superiores a cien mil dólares mensuales y conspiración para importación de estupefacientes, delito que podría conllevar sentencia de prisión perpetua.
Por su parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se encuentra en una situación igualmente crítica aunque más ambigua. Mientras algunos reportes internacionales refieren su captura en territorio europeo, otros indican que se entregó voluntariamente tras viajar desde Irlanda hacia Nueva York con intención de negociar un acuerdo con las autoridades judicales. Díaz Vega enfrenta cargos relacionados con posesión de armas automáticas y dispositivos explosivos, además de ser señalado como intermediario financiero entre el gobierno estatal y la organización criminal durante la campaña electoral de 2021.
El cerco judicial sobre Rocha Moya se mantiene
La totalidad de esta ofensiva judicial apunta consistentemente hacia la estructura de poder que encabeza Rocha Moya en Sinaloa. El gobernador en condición de licencia aparece mencionado reiteradamente en los expedientes judicales federales estadounidenses, aunque hasta el presente no existe una orden de aprehensión oficial en su contra.
Los organismos de seguridad norteamericanos han manifestado públicamente que estas detenciones constituyen apenas el inicio de lo que está por venir. Ante este escenario de presión diplomática, Claudia Sheinbaum ha intentado mantener un equilibrio entre los reclamos internacionales y el respeto a la soberanía nacional.
La postura oficial de la administración federal se concentra en aguardar que las instancias competentes informen sobre los avances en las investigaciones, mientras que en Sinaloa persiste la incertidumbre respecto a quién será el próximo exfuncionario que enfrente la acción judicial, generando un estado de vigilancia permanente entre los círculos políticos locales.
