Culiacán, Sinaloa. – En una histórica y maratónica sesión secreta que se prolongó por más de seis horas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el retiro del fuero constitucional al alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro, quienes enfrentan señalamientos por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento de patrullas por 171 millones de pesos.
La sesión inició a las 20:00 horas del jueves y concluyó a las 2:30 de la madrugada del viernes. Con la presencia de 39 legisladores —incluyendo a todos los diputados presentes, excepto el propio García Castro— se avaló la declaratoria de procedencia solicitada por la Fiscalía General del Estado, lo que abre la puerta a un proceso penal formal contra ambos exfuncionarios.
La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, acudió personalmente al recinto legislativo para presentar los elementos de prueba que sustentan la solicitud de desafuero. En su exposición, detalló que el contrato de arrendamiento fue adjudicado de manera directa a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., sin proceso de licitación pública, lo cual representa una presunta violación a la normatividad y un daño al erario estimado en 14.5 millones de pesos.
El contrato, identificado como DA-ARRENDAMIENTO-018-2021, se firmó durante la primera gestión de Vargas Landeros como presidente municipal y cuando García Castro fungía como secretario del Ayuntamiento. Ambos son señalados como principales responsables del presunto desvío, junto con al menos ocho funcionarios más, entre ellos el entonces tesorero Antonio Vega Arellano; el secretario de Seguridad, Julio César Romanillo; el director jurídico Dalvingh Iturrios; y el actual tesorero Gerardo Iván Hervas, quien era director de Egresos en ese periodo.
También figuran como investigados la síndica procuradora Cecilia Hernández, el excontralor Fausto Ibarra, y las regidoras Marisol Morales y Judith Luna, entre otros integrantes del Comité de Adquisiciones.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra Ochoa, confirmó que la votación se realizó por separado en ambos casos y que la decisión no prejuzga la culpabilidad de los involucrados, sino que únicamente retira la inmunidad procesal para que la Fiscalía continúe con las indagatorias ante un juez.
“Fueron 39 votos a favor por unanimidad. Solamente estuvo ausente el diputado Genaro García, que es parte del proceso Estamos aquí y decir, como hemos dicho, que esta resolución no prejuzga sobre la credibilidad de la parte. Simple y sencillamente se remueve la unanimidad en la cual gozan los diputados públicos para el efecto de que Fiscalía pueda realizar su trabajo, pero también para el efecto de que las partes involucradas, estamos hablando de personas que se les va a seguir este proceso por parte de Fiscalía, puedan ejercer su derecho de defensa”, declaró
Guerra Ochoa informó que, con la pérdida de fuero, se abre ahora un proceso que podría derivar en órdenes de aprehensión, así como en sanciones administrativas y penales. En el caso de la alcaldía de Ahome, el Congreso deberá sesionar nuevamente para definir quién ocupará la vacante, ya que la figura de la alcaldesa interina designada tras la solicitud de licencia de Vargas Landeros quedaría sin efecto.
“Obviamente, al haberse declarado la declaratoria de procedencia, al haberse aprobado, evidentemente en el caso del ayuntamiento queda una vacante que se debe de cubrir. En el caso de los diputados, hay un suplente que es el que será convocado para ocupar. Se va a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales, Obviamente que puede ser cualquier ciudadano, pero la votación está en manos de los diputados”, apunto
Así mismo se informó que la carpeta de investigación fue integrada desde el año 2022, a raíz de observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2021. Fue hasta este año cuando la Fiscalía determinó solicitar el desafuero para proceder penalmente.
“Estamos hablando de un arrendamiento de patrullas. No, incluso, no todas eran patrullas. Hay incluso motocicletas. Estamos hablando de un contrato de 171 millones de pesos. Entonces, los detalles están ahí en la carpeta. Por supuesto que no hay. Nosotros tenemos la facultad de retirar esa inmunidad. Siempre hemos dicho que, aunque se apruebe la cuenta pública, hay observaciones y se le da un control seguimiento a las observaciones. si bien es cierto que el contrato había sido a fines del 2021, realmente la observación se hace cuando se realiza la cuenta pública en el 2022, a fines del 2021. Y precisamente desde entonces se viene requiriendo a la parte para el texto de que diera las evidencias y que pudiera cumplir con las observaciones que le estaba haciendo la auditoría. O sea, es una carpeta que se había integrado en el 2022 y que llega a la Fiscalía el 2024”, explicó
María Teresa Guerra Ochoa subrayó que el Congreso actuó con responsabilidad y sin tintes partidistas, y que la presidenta de la República ha llamado a garantizar un proceso apegado estrictamente a derecho.
