Culiacán, Sinaloa a 30 de julio de 2026.- El Poder Legislativo local sostuvo un debate sobre la necesidad de establecer normativas respecto al uso de teléfonos inteligentes y otros aparatos tecnológicos dentro de las aulas de educación básica y media superior. Los miembros del Congreso Estatal expresaron puntos de vista que convergen en un objetivo común: garantizar una formación integral en niñas, niños y adolescentes, reconociendo simultáneamente el potencial educativo de estas herramientas digitales.
Durante el análisis del proyecto que modifica la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa, representantes de distintas bancadas parlamentarias enfatizaron que la cuestión no radica en eliminar la tecnología de las aulas, sino en crear marcos regulatorios que potencien sus ventajas mientras minimizan los peligros de su utilización sin controles dentro de los centros educativos.
Jorge Antonio González Flores, diputado del Partido Acción Nacional y promotor de la iniciativa, argumentó que la reforma trasciende simplemente el manejo de dispositivos móviles. Según su perspectiva, fundamentada en su trayectoria como educador, progenitor e integrante de organismos escolares, la concentración es fundamental para que el aprendizaje sea efectivo. Señaló que el manejo descontrolado de celulares afecta negativamente la atención estudiantil, obstaculiza las relaciones interpersonales entre alumnos e incrementa su exposición a amenazas como acoso cibernético y otras conductas delictivas en el ámbito digital.
González Flores recordó que su partido presentó esta propuesta hace más de doce meses y manifestó satisfacción porque el tema haya sido retomado mediante un dictamen que recoge aportaciones de múltiples corrientes políticas.
"Regular no significa prohibir, sino establecer mecanismos de protección para la comunidad estudiantil"
Hólincer Castro Marañón, legislador de la bancada de Morena, subrayó que la educación contemporánea debe confrontar nuevos retos originados por la transformación tecnológica. Consideró fundamental que se desarrolle una normativa que sitúe a la tecnología como instrumento al servicio de la educación y no como su dominadora.
Castro Marañón valoró positivamente el proceso de construcción del dictamen, resaltando que integra propuestas de múltiples grupos parlamentarios y de la sociedad civil, lo que demuestra que cuando se prioriza el bienestar de la población menor de edad es viable lograr consensos que favorezcan al conjunto social.
En una intervención posterior, Serapio Vargas Ramírez, también de Morena, caracterizó el asunto como uno de los principales desafíos que experimenta actualmente la educación en el estado. Llamó a extender la conversación más allá de los espacios legislativos, haciendo referencia a casos de éxito en otros países y al diálogo nacional que ha impulsado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acerca del uso de aparatos tecnológicos por parte de menores. Enfatizó que la regulación debe ser producto de la colaboración entre padres y madres de familia, personal docente, expertos en la materia y la ciudadanía en general.
