Culiacán, Sinaloa a 21 de mayo de 2026.- Representantes de cuatro comisiones legislativas del Congreso del Estado se reunieron en sesión conjunta para analizar y aprobar un paquete integral de modificaciones normativas orientado a fortalecer los sistemas de prevención y castigo del incumplimiento de obligaciones alimentarias, priorizando la protección de menores en la entidad.
El dictamen, aprobado de manera unánime por los legisladores presentes, contempla cambios significativos que impactarán directamente en quienes registren adeudos alimentarios morosos. Estas personas quedarán inhabilitadas para acceder a candidaturas para puestos de elección popular, para desempeñar ciertos cargos en la administración pública, y no podrán realizar determinados trámites oficiales sin contar con un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La sesión fue coordinada por la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien encabeza la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que lideró el esfuerzo legislativo junto con las Comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación, e Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.
Las reformas incluyen modificaciones a múltiples ordenamientos estatales, entre ellos el Código Penal, Código Familiar, Ley de Gobierno Municipal, Ley del Notariado, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros instrumentos legales relacionados con el tema.
Una de las disposiciones fundamentales establece que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado será responsable de concentrar, actualizar y suministrar información sobre incumplimientos de obligaciones alimentarias, así como de especificar qué datos deberán integrarse al registro nacional correspondiente.
Adicionalmente, el dictamen fortalece las consecuencias punitivas para quienes no cumplan con el pago de pensiones alimenticias o que intenten simular insolvencia para evadir tales responsabilidades, cerrando así brechas que permitían el incumplimiento.
Durante la deliberación, el diputado Jorge Antonio González Flores, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sugirió incorporar lenguaje inclusivo en el artículo 223 del dictamen, proponiendo redactar
"el juez o la jueza de lo familiar"
para mantener consonancia con modificaciones legislativas aprobadas previamente por el Congreso.
El documento aprobado será remitido al Pleno del Congreso del Estado para continuar su trámite legislativo correspondiente y su discusión ante la asamblea legislativa.
