Culiacán, Sinaloa a 29 de septiembre de 2026.- Durante la sesión ordinaria de este martes, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa llevó a cabo la lectura de cinco iniciativas que contemplan modificaciones y ampliaciones a diversos ordenamientos legales estatales.
La primera iniciativa presentada proviene de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de la bancada de Morena, y busca reformar el Código Familiar del Estado para fortalecer las disposiciones relacionadas con violencia familiar. Esta propuesta incluye la incorporación del concepto de “violencia vicaria” en el artículo 161, así como la adición de un nuevo artículo 188 Bis que establece que
“En caso en que existan datos suficientes que acrediten la existencia de violencia familiar o vicaria, el juez, actuando con perspectiva de género, ordenará las medidas cautelares necesarias para la protección de las víctimas directas, y de las niñas, niños y adolescentes involucrados”
La propuesta también contempla reformas al artículo 381 para incorporar la violencia vicaria como causal para limitar la patria potestad, así como modificaciones adicionales en varios artículos del código familiar.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa enfocada en la investigación de feminicidios. La propuesta adiciona un párrafo al artículo 134 Bis del Código Penal estableciendo que
“Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse de oficio y desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y conforme a los protocolos y estándares de debida diligencia reforzada”
Una tercera iniciativa presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez propone expedir la Ley de Justicia de Paz del Estado de Sinaloa. Esta ley se estructura en dos partes principales: la primera aborda la función del juez de paz, sus competencias, garantías y responsabilidades, mientras que la segunda enfatiza mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. El ordenamiento propuesto contiene 17 artículos básicos distribuidos en cuatro capítulos, más cuatro artículos transitorios.
El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa dirigida a combatir la cohabitación forzada, fenómeno frecuentemente vinculado a embarazos infantiles y adolescentes en la entidad. La propuesta adiciona un nuevo capítulo al Código Penal que define este delito como
“quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una persona menor de dieciocho años de edad a unirse informal o consuetudinariamente con otra persona, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio o concubinato”
La propuesta establece penas de ocho a quince años de prisión y multas de mil a dos mil quinientos días, con incrementos significativos si la víctima pertenece a pueblos indígenas o afromexicanos, o si existe violencia física, psicológica o sexual.
Finalmente, la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, de la fracción de Morena, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Educación Superior del Estado, proponiendo la implementación de detectores de metales en instituciones de educación secundaria y media superior. La propuesta busca
“prevenir el ingreso de armas u objetos que pongan en riesgo la integridad física de las y los educandos, personal docente, administrativo y demás integrantes de la comunidad escolar”
, garantizando el respeto a derechos humanos, protección de datos personales y no discriminación.
