Los Mochis, Sinaloa.- Transcurridos prácticamente cuatro meses desde el siniestro que clausuró Plaza Fiesta Las Palmas, los propietarios de negocios siguen en una carrera contra el tiempo aguardando que se resuelvan múltiples trámites pendientes con organismos como la Comisión Federal de Electricidad, las dependencias de Protección Civil y COEPRISS, requisitos indispensables para poder reactivar las operaciones comerciales.
El pasado martes, los locatarios se presentaron desde las primeras horas de la mañana en el inmueble con la esperanza de que personal de CFE llegara a completar las labores en los equipos de transformación y centros de distribución eléctrica. Aunque se les comunicó que el supervisor estaba en camino, fue recién pasadas las diez y media de la mañana cuando los técnicos se presentaron en el lugar.
Esta situación ha generado descontento entre los comerciantes, quienes sostienen haber cumplido puntualmente con sus obligaciones y ahora enfrentan demoras que escapan a su control.
De acuerdo con Madel Orejel, propietaria de uno de los locales exteriores, durante la jornada del lunes se ejecutaron intervenciones en la red eléctrica que obligaron a suspender el suministro en toda la estructura. Esto permitió que Protección Civil habilitara apenas cuatro establecimientos, situación que resultó insuficiente pues los trabajos no solucionaron completamente los inconvenientes y nuevamente fue necesario desconectar los transformadores durante la noche.
“Todo el mundo tiene cosas que hacer”
expresó Orejel, quien además relató que mientras permanecían en el lugar esperando, una comerciante de edad avanzada sufrió una caída dentro de las instalaciones.
Once locales externos ya superaron evaluaciones
Según información proporcionada por Orejel, aproximadamente once establecimientos situados en la zona externa ya obtuvieron dictámenes favorables y presentaron toda la documentación requerida ante las autoridades correspondientes, mientras que dos más tienen programado entregar sus papeles durante este martes.
No obstante, persisten diversos requisitos sin cumplir para poder materializar la apertura, incluyendo la evaluación de organismos sanitarios, la certificación eléctrica definitiva y el correcto funcionamiento del sistema de prevención de incendios.
Respecto al último punto mencionado, Orejel explicó que será preciso realizar modificaciones en la bomba encargada de abastecer agua al sistema de extinción, mejorando su desempeño y capacidad de respuesta ante posibles emergencias de magnitud considerable.
La comerciante también señaló que continúa pendiente la inspección de organismos sanitarios. Indicó que en un principio se les comunicó que estas dependencias requerían autorización de la Fiscalía para intervenir, pero al acudir ante esa institución los comerciantes fueron informados de que tal requisito no era necesario. Incluso, la autoridad investigadora envió comunicación a estas dependencias aclarando que podían realizar sus funciones sin necesidad de tal documento, sin embargo, hasta la fecha los comerciantes reportan que no se ha presentado el personal correspondiente.
Situación diferente para locales interiores
Para quienes operaban en el interior del centro, la recuperación presenta mayores obstáculos considerando el alcance de los daños ocasionados por el incendio.
Hector Hallal, propietario de un negocio en la zona interna, explicó que la principal diferencia radica en que los comercios exteriores no experimentaron daños por humo ni residuos carbonizados y mantienen su inventario íntegro, en tanto que los establecimientos interiores perdieron prácticamente la totalidad de sus mercancías.
De acuerdo con Hallal, alrededor de noventa empresarios del interior vieron comprometida directamente su stock, además de los negocios localizados en áreas de islas y en la zona gastronómica, estimando un total aproximado de ciento veinte comercios dentro del recinto que requieren reactivación.
Hallal destacó que uno de los principales desafíos para estos comerciantes consiste en obtener los recursos de las pólizas de seguros para financiar la compra de nuevo inventario y la restauración de sus espacios.
Adicionalmente, resulta necesario recuperar componentes de la infraestructura como cielos falsos, conductos de aire, equipos de climatización e instalaciones eléctricas en los pasillos, obras que representan inversiones significativas que dependen de los montos que desembolsen las aseguradoras.
A esto se suma la complejidad legal que rodea al inmueble. Hallal indicó que la Fiscalía mantiene bajo su custodia el recinto y que el proceso debe continuar ante instancias judiciales para que se determinen los requisitos necesarios y que la empresa propietaria, Casa Ley, pueda tramitar adecuadamente sus reclamos aseguradores.
Considerando estos factores, los comerciantes del sector interior proyectan una posible reapertura de sus negocios para finales del año actual.
“Entre una cosa y otra podemos iniciar entre noviembre y diciembre”
expresó Hallal, considerando este lapso como el escenario más realista para que sus operaciones retornen a la normalidad.
El acontecimiento se remonta al siete de mayo, y en cuestión de días se habrán cumplido cuatro meses desde que ocurriera el siniestro. Mientras tanto, los empresarios del centro continúan en suspenso a la espera de que se resuelvan los obstáculos técnicos, administrativos y judiciales que mantienen las puertas del centro cerradas.
