Guasave, Sinaloa a 21 de mayo de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación emitió un dictamen que cuestiona severamente la gestión de recursos federales ejecutada por la administración municipal de Guasave durante el ejercicio fiscal 2024. Según el documento oficial de auditoría integral número 1766, fueron identificadas irregularidades por un monto aproximado de 26 millones 147 mil 984 pesos, cifra que representa el 83 por ciento de la muestra revisada, alcanzando más de 31.5 millones de pesos totales. Este porcentaje se encuentra entre los más preocupantes registrados en fiscalizaciones recientes en municipios de Sinaloa.
El organismo fiscalizador determinó que el municipio incurrió en deficiencias graves en la administración del Gasto Federalizado, particularmente en Participaciones Federales y fondos destinados a infraestructura social. Las observaciones se concentraron principalmente en procesos de compra para seguridad pública, contratos de obras urbanas, licitaciones con procedimientos presuntamente irregulares y carencias significativas en la documentación comprobatoria.
Entre los hallazgos más delicados se encuentran adquisiciones relacionadas con uniformes policiales, calzado táctico, prendas de protección, sistemas de vigilancia por video y colocación de elementos de seguridad vial. En estos rubros, el municipio no fue capaz de presentar actas formales de entrega-recepción que acreditaran la efectiva entrega de los bienes al personal correspondiente o su correcta instalación conforme a lo establecido en los contratos.
Respecto a la instalación de vialetas urbanas, el organismo auditor señaló que los reportes fotográficos proporcionados por el ayuntamiento resultaron ilegibles, imposibilitando cualquier verificación física de los trabajos realizados. Adicionalmente, se detectaron órdenes de compra con fechas posteriores a los procesos de asignación de contratos, lo que la ASF catalogó como posible irregularidad tanto administrativa como de control interno. El conjunto de irregularidades en seguridad pública supera independientemente los 5 millones de pesos.
Los sistemas de videovigilancia también presentaron inconsistencias importantes. Se encontró ausencia de registros de almacén, falta de documentación de recepción, carencia de inventarios formales e expedientes incompletos. Estos problemas suman aproximadamente 3.6 millones de pesos adicionales bajo observación.
En cuanto a obras de infraestructura social financiadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), la auditoría identificó un probable daño superior a 17.4 millones de pesos. Las irregularidades estuvieron vinculadas con proyectos de alumbrado público, la rehabilitación del Auditorio Héroes de Sinaloa y contratos de urbanización municipal.
Un aspecto particularmente grave detectado fue la posible colusión empresarial. La ASF concluyó que algunas empresas concursantes en procesos de licitación pública mantenían relaciones comerciales entre sí y habrían ejecutado acciones coordinadas para obtener ventajas indebidas en las adjudicaciones. Este esquema de aparente competencia ficticia fue catalogado como probable violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Respecto al Auditorio Héroes de Sinaloa, el municipio no logró acreditar plenamente la propiedad del inmueble donde se ejecutaron los trabajos. El informe también destaca facturas incompletas, documentación faltante de pagos realizados, anticipos que no fueron totalmente amortizados y expedientes técnicos deficientes.
Como resultado de las deficiencias documentadas, la Auditoría Superior de la Federación promovió cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres Pliegos de Observaciones dirigidos a los servidores públicos responsables.
La ASF advirtió que la documentación previamente enviada por la administración municipal resultó insuficiente para desvirtuar los hallazgos detectados durante el proceso de auditoría. El informe subraya que las inconsistencias reflejan deficiencias significativas en transparencia, control interno, supervisión administrativa e integración de expedientes.
La resolución definitiva dependerá de la información adicional que el municipio presente ante el organismo federal fiscalizador en las próximas semanas, proceso mediante el cual podrá intentar aclarar o desmentir las observaciones formuladas.
