Sinaloa.- La Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP aseguró que se encuentra disponible para cualquier revisión de sus cuentas que el Gobierno del Estado desee realizar, argumentando que la documentación ha sido mantenida al corriente desde su constitución. Esta declaración proviene de Rosa Irma Peñuelas Castro, directora ejecutiva de la institución, quien expresó su respuesta ante los señalamientos realizados por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde respecto al uso de recursos destinados al Centro de Interpretación y Exposiciones, Teatro Ingenio y Trapiche Museo Interactivo.
“Gobierno del Estado puede auditarnos cuando quieran, todo tenemos en orden año con año desde su fundación, pero hasta ahora no han solicitado auditarnos”
El conflicto se intensificó tras el anuncio de que IMCA suspenderá sus operaciones el 31 de agosto en los tres espacios culturales debido a insuficiencia de recursos económicos. Según la directiva, la institución ha recibido únicamente 4.3 millones de pesos de los 22 millones presupuestados como contribución estatal para el presente año. Esta medida impactará aproximadamente a 95 trabajadores de la organización.
Conociendo sobre el cierre anunciado, la mandataria estatal manifestó públicamente sus preocupaciones acerca de la entrega de fondos públicos a estas instituciones, señalando que se trata de recintos que poseen características de establecimientos privados construidos con inversión gubernamental y enfatizando la necesidad de transparencia en el destino de los recursos entregados por el Estado.
Peñuelas rechazó estas afirmaciones y aclaró que CIE y Trapiche fueron levantados mediante una combinación de financiamiento público y privado, cuyos trámites fueron gestionados por integrantes del Patronato de IMCA. Respecto al Teatro Ingenio, precisó que la institución no intervino en su construcción ni en su diseño, sino que recibió el edificio en calidad de comodato una vez terminado para encargarse de su funcionamiento operativo.
“Esos teatros quiero decir que son teatros privados, son construcciones y obras privadas, no son públicas”
La gobernadora Bonilla comparó esta estructura con el modelo utilizado en el estadio Kraken de Mazatlán y enfatizó que los 20 o 22 millones de pesos aportados por el Estado no habían sido transparentados adecuadamente ante la administración estatal. Manifestó que solicitaría la documentación necesaria para verificar cómo estos recursos fueron utilizados en beneficio de la población.
La directora ejecutiva de IMCA respondió que la institución no cuenta con ningún requerimiento formal pendiente del Gobierno estatal para la comprobación de gastos, ni ha recibido una solicitud oficial de auditoría. Explicó que cada aportación pública está sujeta a las normas y disposiciones de la dependencia que otorga los fondos, y que IMCA mantiene toda la documentación disponible para revisión.
“Nunca hemos tenido un requerimiento del Gobierno del Estado para la revisión de los recursos. Todos están sujetos a comprobación y auditoría; estamos abiertos a que revisen lo que quieran y la comprobación está lista, al día”
Peñuelas puntualizó que la responsabilidad de establecer los criterios y procedimientos de comprobación corresponde a quien destina los recursos, no a quien los recibe. Agregó que IMCA se ajusta a los parámetros fijados por cada institución aportante y mantiene archivada la evidencia correspondiente.
Existe antecedencia documental de que el Estado solicitó información a IMCA. El 3 de junio del presente año, el Instituto Sinaloense de Cultura requirió a la institución documentación relacionada con su desempeño financiero y operativo. La misma jornada, Peñuelas remitió los archivos solicitados a Claudia Ramos Cázares, directora de Administración y Finanzas del Instituto, mediante el oficio DAF089/2026, adjuntando toda la información requerida.
En el informe entregado de cinco páginas, IMCA detalló un gasto anual de operación de 39 millones 66 mil 36 pesos. Dentro de esta cifra se contemplaban 22 millones de aportación estatal, 1.4 millones del Municipio de Ahome y el saldo complementado con recursos propios gestionados por IMCA y ganancias generadas por actividades desarrolladas en los tres espacios.
Posteriormente se suscribió un acuerdo estatal con la expectativa de que normalizara el flujo de financiamiento. Sin embargo, Peñuelas indicó que esto no se materializó, razón por la cual el Consejo de IMCA determinó que ya no era viable sostener la operación de los recintos bajo estas condiciones.
Respecto a la propiedad de los inmuebles, Peñuelas aclaró que los edificios pertenecen a la administración municipal, mientras que IMCA es propietaria del equipamiento e instalaciones que albergan en su interior. Los espacios se encuentran bajo esquemas de comodato con el Ayuntamiento, con términos que varían según cada caso.
Según información proporcionada por IMCA, históricamente las contribuciones estatales han representado aproximadamente el 55 por ciento del presupuesto de operación; las municipales el 3.5 por ciento, y los ingresos propios el 41.5 por ciento restante. Estos últimos provienen de tarifas por servicios, campañas de recaudación y productos financieros.
Durante 2025, IMCA reportó la atención a 225 mil 23 usuarios en conjunto: 44 mil 309 en CIE, 103 mil 776 en Teatro Ingenio y 76 mil 938 en Trapiche. Para la directora ejecutiva, estos indicadores de desempeño, junto con la documentación financiera completa, están disponibles para que las autoridades los examinen según lo consideren necesario.
