Los Mochis, Sinaloa.- El domingo pasado se registró un grave incendio en el centro de rehabilitación denominado “El Mesón”, ubicado en la calle Serapio Rendón de esta ciudad costera. El siniestro resultó en la muerte de dos personas y dejó cinco heridos, algunos de ellos en condición crítica. Este trágico evento ha generado gran preocupación entre las autoridades estatales, quienes han anunciado un fortalecimiento en las inspecciones de seguridad para este tipo de instalaciones en el municipio de Ahome, donde se han registrado cuatro fallecimientos en apenas quince días.
Las llamas se propagaron con rapidez dentro de la casa de tratamiento, obligando a los internos a evacuar de manera urgente. Personal de instituciones de auxilio como SUMMA y Cruz Roja confirmó el primer deceso en el sitio, mientras que horas después se confirmó la muerte de una segunda víctima debido a la magnitud de sus lesiones. De los cinco lesionados atendidos, dos permanecen internados en cuidados intensivos en el Hospital General de Los Mochis.
Roy Navarrete, titular de la dirección estatal de Protección Civil, informó que su institución ejecuta inspecciones mensuales de manera aleatoria en establecimientos de diversas actividades económicas. El funcionario enfatizó que la legislación vigente obliga a todas las organizaciones a implementar y cumplir con programas de seguridad internos que minimicen posibles riesgos.
La situación se complica cuando se analiza el panorama real de estos centros en la entidad. Martha Alicia Torres Reyes, directora de la Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), reveló que apenas 55 centros de rehabilitación funcionan con registro oficial en toda Sinaloa. Esto significa que un número importante de establecimientos operan sin cumplir con la normatividad, como sucedió recientemente con el centro clandestino “Vuelvo a Vivir”, donde falleció un interno tras ser sometido a condiciones extremas.
Torres Reyes señaló además que la cantidad de personas internadas en estos espacios ha experimentado una reducción significativa durante el presente año, oscilando entre el 50 y 60 por ciento respecto al registro histórico de 14 mil internos. El costo de estas prestaciones, que fluctúa entre tres mil y cinco mil pesos mensuales, representa una barrera importante para que muchos centros mantengan sus instalaciones en condiciones óptimas, especialmente aquellos que atienden a individuos sin hogar y carentes de apoyo familiar.
Para prevenir nuevas tragedias, Navarrete explicó que las inspecciones de Protección Civil se fundamentan en catorce puntos clave: diez orientados a la prevención, tres relacionados con procedimientos de auxilio y uno enfocado en la recuperación posterior. Los establecimientos deben contar con sistemas contra incendios operativos, personal capacitado en atención de emergencias médicas, rutas claras de evacuación y certificaciones eléctricas realizadas por profesionales especializados, especialmente después de cualquier conato de fuego.
La dependencia estatal recordó que ofrece asesoramiento gratuito en menos de veinticuatro horas a quienes lo soliciten marcando el número de emergencias 911. Con esta iniciativa se busca que los administradores de estos centros comprendan las medidas necesarias para reducir vulnerabilidades y resguardar adecuadamente la salud de sus pacientes.
