Culiacán, Sinaloa a 02 de junio de 2026.- El Congreso del Estado aprobó de manera unánime una serie de modificaciones a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y a la Ley de Hacienda, que tienen como objetivo establecer exenciones en el pago de grúa, pensión y otros conceptos relacionados para las personas que han sido víctimas del delito de robo vehicular.
Los legisladores de Morena, PRI y PAS argumentaron que estas medidas buscan evitar la revictimización de quienes sufrieron el despojo de sus vehículos, permitiendo que recuperen sus bienes sin necesidad de incurrir en gastos adicionales para lograrlo.
Participaron en el debate la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez del PAS, Paola Iveth Gárate Valenzuela del PRI y Hólincer Castro Marañón de Morena.
Durante su intervención, la legisladora del PAS subrayó que el robo de vehículos genera consecuencias significativas, ya que en más de ocho de cada diez casos se acompaña de violencia, dejando secuelas psicológicas en las víctimas. Indicó además que este delito representa no solo una pérdida económica inmediata, sino también el desvanecimiento de ahorros familiares cuando el automóvil no cuenta con póliza de seguros.
La diputada señaló que las personas afectadas deben afrontar trámites complejos y gastos inesperados, y en el caso de empresas, el robo genera incumplimiento de compromisos comerciales y mermas financieras. Calificó de particularmente injusto el cobro por servicios de grúa y almacenamiento en los depósitos vehiculares conocidos como corralones.
“Con estas reformas se reconoce que estas víctimas no tienen por qué cargar con los costos de un hecho que no provocaron”
Gárate Valenzuela consideró el avance como positivo, pero aclaró que resulta insuficiente. Explicó que las familias impactadas enfrentan múltiples cobros simultáneamente: por la grúa, por el corralón, por búsqueda de información, por reposición de documentación y por renovación de placas, además de los traumas derivados del robo mismo. Subrayó que incluso cuando el vehículo no es recuperado, se cobra por la baja definitiva del mismo del registro vehicular.
El diputado Castro Marañón coincidió en que resulta injusto cobrar a las víctimas estos conceptos. Destacó que el robo de un vehículo implica la pérdida de un bien patrimonial que muchas veces representa una herramienta de trabajo, el transporte para que hijos asistan a la escuela, o el medio para generar ingresos económicos.
El legislador de Morena señaló que hasta ahora Sinaloa no contaba con una exención de estos pagos para las víctimas, pero con esta reforma se establece el marco legal necesario para que la recuperación del vehículo robado no dependa de la capacidad económica de quien lo sufrió. Con estas modificaciones, agregó, se elimina una injusticia al exentar a los afectados de los cobros más significativos.
