Culiacán, Sinaloa a 02 de Junio de 2026.- En una decisión unánime, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma legislativa que representa un hito importante para los ciudadanos víctimas de robo de automóviles. La medida, respaldada por los 39 diputados de la LXV Legislatura sin votos en contra, exenta a quienes recuperen sus vehículos del pago de arrastre, almacenaje, pensión en corralones y otros gastos administrativos derivados del delito.
La iniciativa modifica la Ley de Hacienda del Estado mediante la incorporación del Artículo 48 BIS, buscando erradicar lo que los legisladores denominan como revictimización económica. Durante años, miles de sinaloenses que lograban rescatar sus unidades después de un robo debían enfrentar desembolsos considerables por servicios de grúa, depósitos vehiculares y trámites para recuperar la circulación del vehículo.
Los gastos que las personas afectadas dejarán de cubrir incluyen los relacionados con traslado mediante grúas, pensión y almacenaje en depósitos, maniobras de recuperación, baja de placas y reposición de tarjeta de circulación. Antes de esta reforma, estos costos oscilaban entre seis mil y doce mil pesos, cifras que en ocasiones superaban esta cantidad dependiendo del tiempo que permaneciera el vehículo bajo resguardo.
“Esta reforma busca facilitar la recuperación del patrimonio de las familias afectadas y reducir el impacto económico generado por este tipo de delitos”
La aprobación de esta medida ocurre en un contexto preocupante. Durante el presente año, Sinaloa ha registrado seis mil novecientos treinta y uno vehículos robados, lo que representa un incremento del 72.95 por ciento en comparación con periodos anteriores. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en ciertos momentos se contabilizan entre diecinueve y veintitrés robos diarios, siendo aproximadamente el noventa por ciento de estos delitos cometidos con uso de fuerza o violencia.
Para acceder a los beneficios de esta reforma, los ciudadanos deberán acreditar formalmente su condición de víctimas presentando documentación específica. Entre los requisitos se encuentra la constancia original del reporte de robo emitida por la autoridad competente, preferentemente dentro de las primeras setenta y dos horas posteriores al delito, así como la constancia de devolución o liberación del vehículo.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. Posteriormente, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de sesenta días hábiles para realizar las adecuaciones administrativas necesarias para su implementación. Además, la Fiscalía General del Estado deberá establecer mecanismos de coordinación con ayuntamientos y empresas prestadoras de servicios de grúa y depósitos vehiculares para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición.
Con esta aprobación, Sinaloa se suma a entidades como Baja California, Jalisco y Michoacán, que han impulsado cambios legales similares orientados a proteger el patrimonio de las víctimas de robo vehicular y evitar que enfrenten gastos adicionales para recuperar bienes que ya les pertenecen.
