Culiacán, Sinaloa a 5 de Mayo de 2026.- Durante la sesión ordinaria celebrada este martes, los integrantes del Congreso del Estado de Sinaloa presentaron un total de seis iniciativas de reforma legal, dos de las cuales buscan fortalecer el ecosistema emprendedor mediante el reconocimiento de las startups en la legislación estatal.
La primera propuesta proviene del Grupo Parlamentario de Morena y se enfoca en modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado. El proyecto incluye cambios sustanciales como la introducción del término
“violencias”
en lugar de la forma singular, abarcando cualquier acción u omisión basada en género que cause o intente causar muerte, daño o sufrimiento de naturaleza psicológica, física, patrimonial, económica o sexual.
Asimismo, la iniciativa morenista propone la creación de una Unidad de Análisis de Violencia Feminicida y el fortalecimiento de la alerta de género. Se incluye además el concepto de deberes reforzados de protección del Estado hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños, considerado como una obligación constitucional que implica la aplicación amplia de medidas para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad.
Por su parte, la diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho, del PVEM, presentó una iniciativa para fortalecer la regulación del sector turístico. La propuesta adiciona un nuevo capítulo a la Ley para el Fomento del Turismo que establece derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, con especial énfasis en la protección de menores de edad y la prevención de delitos.
Entre los derechos propuestos se encuentran la participación en el Consejo Técnico de Turismo, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y el acceso a programas de profesionalización. Las obligaciones contemplan la publicación visible de datos de contacto del establecimiento y autoridades competentes, así como la transparencia en precios y tarifas. También se establece que en caso de incumplimiento de servicios, el prestador deberá reembolsar, bonificar o compensar al turista.
Los diputados Kristiam Alexis Espinoza García y Antonio Menéndez de Llano Bermúdez presentaron una tercera iniciativa orientada a fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en las contrataciones públicas. La propuesta busca otorgar un margen de preferencia de hasta cinco por ciento en el precio de bienes y servicios ofrecidos por proveedores locales respecto a los foráneos, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y financieros establecidos.
El Grupo Parlamentario del PRI, a su vez, propuso una reforma ambiciosa para incorporar el concepto de startup en varias leyes estatales. Bajo esta definición, se reconoce como startup
“aquella empresa emergente que desarrolla productos o servicios innovadores y disruptivos, basados en el uso intensivo de tecnología o modelos de negocio no convencionales”
.
La iniciativa del PRI busca que el Instituto Sinaloense de la Juventud celebre convenios con instituciones educativas y organismos empresariales para establecer incubadoras especializadas en startups. También propone esquemas de coinversión público-privada para asignación de capital semilla. Para acceder a incentivos fiscales, estas empresas deberían acreditar su inscripción en un Registro Estatal de Empresas Innovadoras, contar con un modelo de negocio validado y generar al menos tres empleos permanentes durante el primer año de operaciones.
La diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, presentó una iniciativa sobre licitaciones públicas que busca incorporar subastas inversas para obtener mejores precios en beneficio del erario. La propuesta define
“Ofertas subsecuentes de descuentos”
como la modalidad mediante la cual los licitantes pueden realizar ofrecimientos posteriores que mejoren el precio inicial, sin alterar las características técnicas de sus propuestas.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAS junto con las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez propusieron reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para establecer criterios comunes de técnica legislativa. El objetivo es que la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior elabore manuales y protocolos para estandarizar los procesos de sustanciación de iniciativas presentadas ante el Pleno.
