Culiacán, Sinaloa a 3 de mayo de 2026.- En un aclaración sobre la situación legal del mandatario sinaloense, María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, informó que Rubén Rocha Moya continúa ejerciendo la protección que le confiere el fuero constitucional. Esto ocurre porque hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha presentado ante la legislatura local ninguna petición formal de desafuero.
El procedimiento legal explicado
Guerra Ochoa detalló el proceso que debe seguirse para remover esta protección. Explicó que el antecedente más cercano lo constituye el caso de Gerardo Vargas Landeros, exedil de Ahome. En ambas situaciones, el retiro de la inmunidad depende de que exista una investigación rigurosa y de que el organismo federal presente la solicitud correspondiente ante el órgano legislativo competente.
Enfatizó que en este momento no existe comunicación oficial alguna de parte de la Fiscalía sobre este tema. La dirigente legislativa aclaró que el procedimiento apenas comienza y que será la propia institución federal la encargada de evaluar si existen elementos probatorios suficientes para continuar con las acciones legales contra el gobernador con licencia, considerando el contexto político actual que atraviesa la entidad.
De acuerdo con las explicaciones de Guerra Ochoa, la remoción de este derecho constitucional no es automática. Primero debe llevarse a cabo una investigación sólida y fundamentada. Una vez cumplido esto, la Fiscalía tendría que dirigirse al Congreso de Sinaloa con su respectiva solicitud, siendo esta legislatura la instancia dotada de facultades para tomar la decisión final en el asunto.
Respecto a otros funcionarios bajo escrutinio
Sobre la situación del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, Guerra Ochoa puntualizó que cualquier decisión sobre su eventual separación corresponde exclusivamente a Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado, según los trámites establecidos en las normas internas de esa dependencia.
Subrayó que contar con protección constitucional no impide que se realicen indagaciones sobre la conducta de un servidor público. Por el contrario, este mecanismo de amparo requiere que se recopilen suficientes elementos de prueba antes de proceder a una imputación formal.
Retorno a la gubernatura: incertidumbre
Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que Rocha Moya vuelva a ejercer el cargo de gobernador, Guerra Ochoa adoptó una postura prudente.
“Eso no lo sabemos, no podemos adelantar ni podemos hacer conjeturas”
La solicitud de licencia que presentó el mandatario señala que se separa de su puesto para someterse a un proceso investigativo. En consecuencia, su eventual reincorporación dependerá del tiempo que demande dicho proceso y de las conclusiones que se deriven del mismo.
Un mensaje institucional
La legisladora destacó que esta decisión revitaliza el estado de derecho, al permitir que las diligencias se ejecuten sin influencia desde el Poder Ejecutivo estatal. Reconoció además que la entidad enfrenta una coyuntura complicada en seguridad, situación que no es nueva sino que se ha profundizado desde septiembre de 2024.
No obstante, consideró que la separación del cargo por parte de Rocha Moya transmite un mensaje institucional de gran relevancia, al poner en primer plano el cumplimiento de los procedimientos legales y la apertura frente a acusaciones que incluso han tenido repercusiones a escala internacional.
Destacó asimismo que el Congreso del Estado actuó con rapidez al autorizar la licencia y al designar a una gobernadora provisional, situación que representa un hito sin precedentes en la trayectoria política de Sinaloa.
Perspectiva desde Morena
Desde la bancada de Morena, Guerra Ochoa respaldó la determinación del gobernador con licencia, viéndola como una medida orientada a garantizar procesos investigativos imparciales.
Enfatizó igualmente la relevancia de la soberanía nacional ante eventuales presiones foráneas, recordando que México ha experimentado históricamente intentos de intervención extranjera, particularmente provenientes de Estados Unidos.
Sostuvo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han actuado acorde a las exigencias del momento, con el propósito de mantener la estabilidad política y social en Sinaloa.
La FGR solicita más información
Conforme a reportes disponibles, el primero de mayo la Fiscalía General de la República manifestó que demandará información adicional y elementos probatorios antes de resolver sobre cualquier situación legal relacionada con este caso. Lo anterior implica que la investigación continúa en desarrollo.
Guerra Ochoa reiteró que no puede considerarse un asunto cerrado, puesto que la institución fiscal continúa recopilando pruebas.
Destacó que el principio de presunción de inocencia es un fundamento constitucional que debe respetarse tanto para servidores públicos como para cualquier habitante del territorio nacional.
Cuestiones de competencia municipal
Respecto a la alcaldía de la capital, luego de que Juan de Dios Gámez Mendívil presentara su solicitud de licencia, Guerra Ochoa explicó que le corresponde al Cabildo designar a una persona que lo sustituya de manera temporal, conforme a la Ley Orgánica Municipal. El Congreso del Estado participaría únicamente si se tratara de una sustitución definitiva, cosa que no ocurre en esta ocasión.
Un precedente histórico
“Es histórico, creo, el hecho y creo que pues si ustedes buscan los precedentes, creo que estamos en un hecho sin precedentes. Seguramente para bien, porque con estatura política se está respondiendo tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, y eso manda un mensaje muy claro a la ciudadanía de que estamos apegados al estado de derecho”
Así se pronunció Guerra Ochoa al hacer un balance de los sucesos recientes en la entidad.
Defensa de la presunción de inocencia
Juana Minerva Vázquez González, diputada de la bancada morenista, salió en respaldo de Rocha Moya. Manifestó que los componentes probatorios de la investigación deben analizarse respetando el debido proceso, un acto de responsabilidad política conforme al cual nadie puede estar por arriba de la ley ni de las garantías que esta otorga.
Hizo un llamado a que los sinaloenses actúen con responsabilidad y reflexión, cerrando filas en favor de la soberanía y la justicia.
El discurso de la gobernadora interina
Yeraldine Bonilla, quien asumió provisionalmente el cargo de gobernadora, pronunció un discurso centrado en la resiliencia. Reconoció abiertamente que Sinaloa atraviesa un período difícil, pero fundamentó su mensaje en la capacidad histórica de la población para enfrentar la adversidad.
Bonilla garantizó que los principios y las políticas públicas de la cuarta transformación permanecerán vigentes durante su administración temporal. Su objetivo central es el bienestar de la ciudadanía, prometiendo continuidad en el trabajo en esta materia.
Anunció también su intención de fortalecer de inmediato la colaboración con el gobierno federal liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentando esta alianza como un elemento estratégico para beneficio directo de Sinaloa.
Dirigió un llamado a los servidores públicos para que viesen el cambio de mando como un estímulo para mejorar su labor en beneficio de los sinaloenses, y expresó su compromiso ante el Congreso de demostrar que la confianza depositada en ella no será defraudada.
Contexto de las acusaciones internacionales
La solicitud de licencia del gobernador fue desencadenada por la divulgación de una acusación formal realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hacia finales de abril de 2026. El documento, que consta de treinta y cuatro páginas, señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad, incluyendo al alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, de haber presuntamente resguardado y facilitado las operaciones de una rama del Cártel de Sinaloa.
Estas imputaciones de origen internacional generaron que la Fiscalía General de la República iniciara su propia investigación en el ámbito nacional.
