Culiacán, Sinaloa a 3 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Sinaloa se prepara para aprobar un dictamen transcendental que transformará el acceso a la justicia familiar en la entidad. La iniciativa contempla modificaciones al Código Familiar y a la Ley de Salud para garantizar que los estudios de ADN orientados a establecer vínculos de paternidad sean completamente gratuitos en las instituciones de salud pública de la región.
Esta iniciativa busca derribar los obstáculos económicos que históricamente han impedido a miles de mujeres comprobar la filiación de sus descendientes en municipios como Culiacán, Mazatlán y Ahome. Actualmente, el costo de un análisis de ADN en el país oscila entre cuatro mil y diez mil pesos, lo que representa una barrera significativa para familias de recursos limitados. El diputado Ambrocio Chávez Chávez destacó esta problemática al explicar cómo los gastos generados por estos estudios han limitado el acceso a la justicia para numerosas familias sinaloenses.
Las modificaciones normativas buscan responder a una demanda social urgente, particularmente en contextos de vulnerabilidad económica. La reforma coloca el bienestar superior de niñas, niños y adolescentes en el centro de su propuesta, permitiendo que estos sectores accedan a derechos fundamentales como la identidad legal, el derecho a pensión alimenticia y la cobertura de seguridad social.
Transformación del marco legal estatal
El dictamen impulsado por la Comisión de Salud del Congreso de Sinaloa reconoce que el costo elevado de los análisis genéticos ha constituido un impedimento estructural en la entidad. Con esta reforma, se eliminaría el requisito de estudios socioeconómicos previos, estableciendo que el acceso a análisis de ADN gratuitos es un derecho incondicionado y no un beneficio sujeto a evaluación.
Los datos nacionales refuerzan la pertinencia de esta medida. En México, 48 de cada 100 hogares son encabezados por mujeres, y existe una brecha salarial superior a doce mil pesos trimestrales entre géneros. Este panorama evidencia la necesidad de políticas públicas como la que impulsa el legislativo sinaloense, donde muchas madres enfrentan solas la manutención de sus hijos sin respaldo legal del progenitor.
Los registros judiciales del período 2024 en Sinaloa documentan una situación preocupante: se registraron ochenta casos de investigación de paternidad, de los cuales únicamente treinta y tres fueron resueltos, representando apenas el 41.25%. La insuficiencia de recursos económicos para sufragar análisis de ADN ha sido identificada como una de las principales causas del rezago en estos procesos, afectando directamente a menores sinaloenses.
Responsabilidades y mecanismos de implementación
De ser aprobado el dictamen ante el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Salud Estatal adquiriría la responsabilidad de garantizar la infraestructura requerida para realizar estos análisis de forma gratuita en hospitales y laboratorios públicos distribuidos en la entidad.
El Ejecutivo estatal designará la dependencia encargada de sufragar los gastos de los estudios genéticos cuando sean ordenados por autoridades judiciales. Un aspecto relevante de la propuesta establece que, si el presunto padre se rehúsa a someterse al análisis de ADN, se presumirá legalmente el reconocimiento de paternidad. Esta disposición permitirá agilizar los procesos judicales y evitar prácticas dilatorias que obstaculizan el acceso a la justicia en Sinaloa.
La implementación de esta política pública contempla una inversión inicial de seiscientos veinticinco mil pesos para adecuación y equipamiento de laboratorios, además de un costo mensual de ciento cuarenta mil pesos destinado a la contratación de personal especializado.
Magnitud del impacto esperado
Las autoridades del Congreso del Estado de Sinaloa consideran que esta inversión es proporcionalmente menor frente al beneficio social que generaría eliminar los obstáculos para el reconocimiento de paternidad. La medida podría beneficiar a cientos de familias residentes en zonas urbanas y rurales de Sinaloa, donde el acceso a servicios de justicia frecuentemente resulta limitado y costoso.
La aprobación de análisis de ADN gratuitos contribuiría además a reducir la desigualdad económica y fortalecería el acceso a derechos fundamentales en la población infantil sinaloense, con énfasis en comunidades caracterizadas por altos índices de marginación.
Cronología de vigencia y acceso
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Desde ese momento, la Secretaría de Salud contará con sesenta días hábiles para publicar el listado de instituciones públicas donde se podrán realizar las pruebas de forma gratuita.
Un aspecto de relevancia institucional es que este beneficio no se restringirá exclusivamente a mujeres, sino que también será accesible para hombres que busquen el reconocimiento o establecimiento de vínculos de filiación, garantizando equidad en el acceso a la justicia familiar en Sinaloa.
Los datos demográficos según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que aproximadamente el treinta y tres por ciento de las mujeres que son madres en México viven sin pareja. Dentro de este segmento, el 10.4 por ciento se identifica como madre soltera y el 7.5 por ciento como separada. Adicionalmente, en los registros de nacimientos recientes, más del quince por ciento de las madres declararon estar solteras al momento del registro, subrayando la alta prevalencia de mujeres que asumen la crianza de forma independiente y que podrían requerir apoyo legal para asegurar el reconocimiento paterno.
