Los Mochis, Sinaloa a 22 de abril de 2026.- En medio de una disputa judicial relacionada con el adeudo de prestaciones laborales a trabajadores del extinto complejo azucarero de Los Mochis, ha surgido una confrontación entre quienes demandan el pago de sus derechos y el empresario Luis Puentes, exintegrante de la compañía. Aunque Puentes ha manifestado su intención de intervenir para ayudar a los afectados, sus declaraciones han generado polémica debido a críticas que ha lanzado respecto a la actitud de los empleados en relación con su lucha.
Ante esta situación, Óscar Kelly Apodaca, apoderado legal de los trabajadores, emitió un comunicado enfatizando que la demanda actualmente en trámite ante los tribunales de Culiacán continuará su curso ordinario. Asimismo, advirtió sobre los potenciales riesgos que implicaría para los afectados adherirse a propuestas externas que no formen parte de la estrategia jurídica coordinada.
Durante una asamblea sostenida con los interesados, Kelly Apodaca señaló que la demanda se encuentra activa en los juzgados culiacanenses, y que en ella se persigue responsabilizar al sindicato nacional por el incumplimiento de pagos.
“Estamos en una demanda que está en proceso, está en la ciudad de Culiacán, estamos haciendo todo el seguimiento para que prospere. Aquí se está demandando al sindicato nacional, que cobró y no les ha entregado a ustedes el pago correspondiente”
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El litigante manifestó que sus observaciones responden directamente a las acciones y comentarios realizados por Puentes, a quien acusó de perseguir intereses personales que difieren del objetivo central de la contienda judicial.
“Nosotros nos manifestamos en contra de este señor Luis Puentes. Él trae intereses personales que desconocemos y no coinciden con las propuestas que él hizo. Aquí hay un proceso legal y se debe respetar”
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Un aspecto relevante que Kelly Apodaca subrayó fue la necesidad de que los trabajadores abstengan de firmar documentación sin orientación legal previa. Particularmente, alertó sobre el riesgo de otorgar poderes sin restricciones, los cuales podrían comprometer irreversiblemente su participación en el litigio.
“No vayan a firmar nada, no se presten. Si alguien firma un poder en blanco y se desiste, no habrá manera de revertirlo. Pónganse atentos y no sean objeto de manipulación de ninguna persona”
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Durante la misma reunión, uno de los trabajadores que encabeza el movimiento reafirmó el compromiso colectivo con los mecanismos legales disponibles, expresando escepticismo ante promesas de resoluciones aceleradas.
“Estamos aquí por una lucha legal y jurídica. Sabemos que es un proceso que lleva tiempo, no es algo que se resuelva en tres meses como se ha dicho. Esto ya lleva años y sigue su curso en los tribunales”
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El trabajador también cuestionó la conveniencia de permitir que terceros se inmiscuyan en el asunto, haciendo hincapié en que previamente habían cometido el error de entregar documentación en blanco, situación que no debería repetirse.
“Si ya hemos entregado papeles en blanco antes, no podemos volver a hacerlo. Ahora nos piden otra vez documentos, y eso es lo que tenemos que analizar. No podemos caer en lo mismo ni poner en riesgo lo que ya se ha avanzado”
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Kelly Apodaca insistió en que la responsabilidad por las deudas recae en la organización sindical nacional, la cual se resiste a cumplir con sus obligaciones. Aclaró que la demanda no se limita únicamente a reclamar el pago de liquidaciones, sino que también incluye el reconocimiento de daños y perjuicios, así como compensación por daño moral, luego del fracaso en las gestiones conciliatorias previas.
“El sindicato nacional se está defendiendo porque no quiere pagarles. No nada más se reclama la liquidación, también daños y perjuicios, el daño moral. Es un proceso que lleva tiempo, pero va avanzando”
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Tanto el representante legal como los propios trabajadores convinieron en la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de los canales jurídicos establecidos y de evitar tomar decisiones precipitadas que puedan afectar negativamente el resultado final del proceso, cuyo propósito fundamental es asegurar el cumplimiento íntegro de sus derechos como empleados.
