Los Mochis, Sinaloa a 21 de abril de 2026.- Un grupo de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó su inconformidad por las disminuciones en sus ingresos mensuales, señalando que enfrentan reducciones que alcanzan porcentajes cercanos al 20 por ciento, además de la supresión de diversos beneficios que históricamente habían recibido.
Los trabajadores retirados denunciaron que han dejado de acceder a apoyos fundamentales como servicios oftalmológicos, atención dental, implementos ortopédicos y pólizas de seguro por fallecimiento. De igual forma, informaron sobre la eliminación de compensaciones vacacionales para ciertos trabajadores, lo que ha impactado significativamente sus economías personales.
Alejandro Alarcón de la Cruz, tesorero de la Asociación de Jubilados de la institución en la zona norte, señaló que los afectados consideran estos ajustes como injustificados y sin respaldo legal.
“Los descuentos se aplican sin justificación alguna, vulnerando nuestros derechos adquiridos”
, expresó el representante de los inconformes.
Para respaldar sus demandas, los jubilados han impulsado un proceso legal coordinado en diferentes regiones del estado, incluyendo zonas norte, centro-norte, centro y sur. Hasta la fecha, han logrado integrar más de 1,100 expedientes que continúan aumentando conforme más afectados se suman a esta iniciativa colectiva.
Eliézer Ponce Trejo, jubilado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, comentó sobre su situación particular.
“Percibo alrededor de 6 mil pesos quincenales, pero enfrento descuentos cercanos a los 900 pesos, lo que reduce drásticamente mi capacidad de subsistencia”
, manifestó el docente retirado.
Los jubilados se encuentran actualmente en etapa de conciliación, requisito previo para formalizar la demanda. Establecieron el 16 de mayo como fecha crucial, cuando recibirán los documentos que acrediten la no conciliación, permitiéndoles avanzar hacia acciones legales formales contra las autoridades universitarias.
Los trabajadores retirados cuestionaron la falta de diálogo por parte de la administración universitaria. Aseguraron que las medidas fueron implementadas sin consulta previa ni votación entre los afectados, violando procedimientos que debería seguir cualquier institución pública. Exigieron transparencia en la aplicación de políticas y la posibilidad de participar en decisiones que directamente afecten sus ingresos y beneficios adquiridos durante sus años de servicio.
