No hay procesos contra funcionarios de Ahome por caso patrullas: OIC
Dalvingh Iturrios Corrales señaló que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control no han sido requeridos para aportar información ni han sido notificados de proceso alguno relacionado con los hechos.
Los Mochis, Sinaloa. – Hasta la fecha, no se ha emitido ninguna sanción administrativa ni iniciado procedimiento legal alguno en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Ahome en relación con la adquisición de 126 patrullas realizada en el año 2021, afirmó Dalvingh Iturrios Corrales, director del Órgano Interno de Control.
El funcionario precisó que, si bien el tema ha sido abordado en distintos medios de comunicación como una posible irregularidad, a la fecha no existe ninguna notificación formal por parte del Órgano Interno de Control, de la Fiscalía General del Estado ni del Congreso del Estado.
“No hay ninguna sanción administrativa que se haya impuesto a servidor público alguno. Lo digo con claridad: ninguna. Tampoco existe citación formal ni proceso penal iniciado contra algún funcionario municipal. Eso es competencia del Órgano Interno de Control y, hasta el momento, no hemos recibido ninguna notificación”, expresó.
El funcionario explicó que el proceso de adquisición de patrullas fue ejecutado mediante adjudicación directa, y que en su momento las autoridades consideraron legal y procedente dicha modalidad, amparándose en las excepciones que contempla la Ley de Adquisiciones, debido al contexto de emergencia sanitaria y a factores como el desabasto global de vehículos y componentes electrónicos.
“Recordemos que estábamos en medio de una pandemia. Había una situación extraordinaria que afectó cadenas de suministro y disponibilidad de unidades. La ley permite excepciones a la licitación pública, y los funcionarios de aquel periodo determinaron que era procedente aplicar dicha excepción”, argumentó.
Iturrios Corrales subrayó que el único señalamiento vigente corresponde a una observación administrativa identificada como la número 65, emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su informe de resultados de 2021, la cual fue debidamente revisada y una vez solventada fue aprobada por el Congreso del Estado.
“Se trata de un PRA, un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, que por su naturaleza no implica un daño patrimonial. Así lo determinó la propia ASE y así fue aprobado por el Congreso. Es importante precisar que este tipo de procedimientos son estrictamente administrativos y no penales”, aclaró.
El titular del área jurídica reiteró que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control no han sido requeridos para aportar información ni han sido notificados de proceso alguno relacionado con los hechos.
